Granado rehúsa dar datos y alega que ya los ha entregado a la justicia

"De momento, somos leales colaboradores de la justicia". Con esta frase zanjó ayer el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, las preguntas sobre el presunto fraude en Mutua Universal. Granado rehusó cuantificarlo y aseguró que toda la información de la que dispone la ha entregado al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía Anticorrupción. "Lo único que nos toca es la posible adopción de medidas cautelares", añadió.

Aún se desconoce si esas medidas se aplicarán o no. La empresa dispone de 15 días para realizar alegaciones tras la querella que ha presentado Anticorrupción y...

"De momento, somos leales colaboradores de la justicia". Con esta frase zanjó ayer el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, las preguntas sobre el presunto fraude en Mutua Universal. Granado rehusó cuantificarlo y aseguró que toda la información de la que dispone la ha entregado al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía Anticorrupción. "Lo único que nos toca es la posible adopción de medidas cautelares", añadió.

Aún se desconoce si esas medidas se aplicarán o no. La empresa dispone de 15 días para realizar alegaciones tras la querella que ha presentado Anticorrupción y el registro realizado por la policía. La Seguridad Social estudiará la información aportada en esas alegaciones y decidirá si adopta medidas. "Con independencia de las sanciones, se pueden adoptar medidas cautelares que garanticen el funcionamiento de la empresa", explicó el responsable de Seguridad Social. Esas medidas pueden implicar intervenir la empresa. Granado aseguró que se actuará procurando "el mínimo grado de perturbación posible" para la actividad de la mutua.

La Seguridad Social tiene registradas 22 mutuas que colaboran con el sistema, incluida Mutua Universal. Con datos referentes a 2004 (último ejercicio disponible), los ingresos obtenidos por esas entidades superan los 8.600 millones de euros. Sólo los de Mutua Universal suman 967 millones de euros, aproximadamente el 10% del total del sector.

Con la nueva regulación de enfermedades profesionales aplicada este año, las mutuas han ganado peso, pues ahora son estos organismos (junto con la Seguridad Social) los responsables de decidir si una dolencia deriva de la actividad profesional o no. Hasta ahora lo hacían las empresas.