La oposición exige que se acelere la instrucción del 'caso Fabra'

Todos los partidos de la oposición, PSPV, Esquerra Unida y Bloc, coincidieron ayer en exigir que se acelere la acción de la justicia en el llamado caso Fabra tras la imputación de otras dos ex altos cargos del PP por un presunto delito de tráfico de influencias. Además, los grupos de la oposición hicieron referencia a la implicación de una ex alto cargo de la Generalitat, la entonces directora general de Calidad Ambiental, Pilar Máñez, y reclamaron al Consell que fiscalice su propia actuación y analice "cómo ha actuado ya que parecen ser testaferros de una política corrupta", tal como d...

Todos los partidos de la oposición, PSPV, Esquerra Unida y Bloc, coincidieron ayer en exigir que se acelere la acción de la justicia en el llamado caso Fabra tras la imputación de otras dos ex altos cargos del PP por un presunto delito de tráfico de influencias. Además, los grupos de la oposición hicieron referencia a la implicación de una ex alto cargo de la Generalitat, la entonces directora general de Calidad Ambiental, Pilar Máñez, y reclamaron al Consell que fiscalice su propia actuación y analice "cómo ha actuado ya que parecen ser testaferros de una política corrupta", tal como dijo la vicesecretaria general del PSPV, Isabel Escudero.

Por parte del PP, el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, eludió entrar a comentar las nuevas imputaciones pero sí repitió el argumento esgrimido por el propio presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, tras las elecciones. Castellano sostuvo que los ciudadanos han avalado su honradez y honestidad en las urnas. "Siempre somos claros, transparentes, honestos y honrados en nuestra gestión de cara a todos los ciudadanos y creo que así lo valoran también éstos a través de las convocatorias electorales", dijo.

Con el manifestado respeto a la justicia, tanto Escudero como la diputada autonómica de Esquerra Unida-Compromís, Marina Albiol, y el del Bloc-Compromís, Josep Maria Pañella, reclamaron la aceleración del caso. Albiol advirtió de la "peligrosidad de la situación creada por la falta de celeridad de la justicia". Para Pañella, la continua demora en el procedimiento, que se inició en enero de 2004, "podría provocar que la opinión pública se cuestione la objetividad de la justicia y el hecho de que todos los ciudadanos, ocupen los cargos que ocupen, sean iguales ante la ley".