La mitad de las obras ilegalizables en el PGOU de Marbella son de Ávila Rojas

El empresario granadino José Ávila Rojas fue el promotor de siete de las 14 construcciones que según el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella no podrán ser legalizadas porque ocupan "suelos estratégicos" que no son compensables. Las siete promociones suman 456 viviendas del total de 752 que quedan fuera de ordenación y a expensas de que los tribunales pudieran decretar su demolición, además de un hotel de 168 habitaciones y un apartotel con 80 estancias.

Ávila Rojas está imputado en la Operación Malaya y, según el juez instructor, llegó a abonar más de cinco millone...

El empresario granadino José Ávila Rojas fue el promotor de siete de las 14 construcciones que según el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella no podrán ser legalizadas porque ocupan "suelos estratégicos" que no son compensables. Las siete promociones suman 456 viviendas del total de 752 que quedan fuera de ordenación y a expensas de que los tribunales pudieran decretar su demolición, además de un hotel de 168 habitaciones y un apartotel con 80 estancias.

Ávila Rojas está imputado de cohecho, blanqueo y delito fiscal en el 'caso Malaya'

Ávila Rojas está imputado en la Operación Malaya y, según el juez instructor, llegó a abonar más de cinco millones de euros e "innumerables pisos" en comisiones al presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca.

El nuevo PGOU de Marbella redactado por el urbanista Manuel González Fustegueras y amparado por la Junta, a quien compete su aprobación definitiva, contempla un sistema de compensaciones de suelo que permitirá legalizar 18.000 viviendas construidas en los últimos 16 años en Marbella en contra de la normativa urbanística.

Para ello, sus promotores deberán entregar al Ayuntamiento 1.879.904 metros cuadrados de terreno -una media de 104 por vivienda- para compensar por la ocupación de suelos de zonas verdes y equipamientos que estas promociones han ocupado.

El plan condena sin posibilidad de legalizar 752 viviendas y dos centros hoteleros repartidos en 14 promociones por considerar que son "incompatibles con el modelo de ciudad" al ocupar suelos estratégicos. Se trata de construcciones que ocupan espacios libres en primera línea de costa, impiden el desarrollo de proyectos estratégicos como por ejemplo el corredor ferroviario o equipamientos "irrenunciables" o suponen un factor de riesgo al invadir cauces.

Siete de estas promociones, que suman 456 viviendas, y los dos centros hoteleros (162 habitaciones y 80 apartamentos) fueron promovidas por sociedades del grupo presidido por Ávila Rojas, uno de los promotores más activos en Marbella durante el gilismo y que tuvo unas privilegiadas relaciones con Juan Antonio Roca, de quien ha sido además socio en varios negocios.

De las 752 viviendas ilegalizables, 377 están habitadas. La mayoría de ellas, 297, en Banana Beach, uno de los edificios que más famosos se han hecho dentro y fuera de la ciudad, promovido por Turismo y Recreo Andaluz (Turasa), una de las sociedades del grupo Ávila Rojas.

Condena firme

La licencia de Banana Beach fue suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en sentencia ratificada por el Supremo por ocupar suelo no urbanizable en primera línea de playa que estaba destinado a sistema general de espacios libres.

Por la concesión de esta licencia hubo además un procedimiento penal que se saldó con una condena, igualmente firme, de seis meses de prisión para el ex alcalde Julián Muñoz y otros seis ex concejales del GIL, la primera por delito urbanístico en Marbella.

Los otros dos complejos ilegalizables ya habitados son 50 viviendas en Golf Río Real, de Millenium Propierties y 30 casas en Torrevigía Beach Resort, promovidas por Playa Real Management. La primera porque ocupa un sistema general con equipamiento cultural (yacimiento fenicio), y la segunda porque ocupa suelo inundable en la zona de Artola.

Las otras 377 viviendas ilegalizables no se han llegado a terminar al dictar el TSJA órdenes cautelares de suspensión por estar impugnadas las licencias. De ellas, 159 pertenecen a sociedades de Ávila Rojas, incluida una mansión en suelo no urbanizable protegido en la Cascada de Camoján que el promotor granadino tenía intención de utilizar como su residencia particular.

El resto son un edificio de 114 viviendas, Crucero Banús, de la sociedad Yambali, que ocupa suelo de equipamiento público. Ávila Rojas compró esta sociedad ya con la licencia concedida a una empresa participada por Juan Germán Hoffman, uno de los socios de Roca, y el ex primer teniente de alcalde Pedro Román, ambos imputados en Malaya. Asimismo, otra sociedad del grupo granadino, Naviro Inmobiliaria, tiene dos promociones ilegalizables en Nueva Andalucía, un edificio con 33 casas y 11 unifamiliares que, en ambos casos, invaden suelo reservado a zonas verdes.

De Naviro es también el apartotel de 80 apartamentos en la conocida como supermanzana F de Nueva Andalucía y de otra sociedad de Ávila Rojas, Etursa, un hotel de 168 habitaciones junto al Hospital de la Costa del Sol en suelo de equipamiento público sanitario.

Las promociones ilegalizables que no han llegado a terminarse y no son del grupo Ávila Rojas suman 216 viviendas y pertenecen a Los Jardines de la Costa (61 viviendas en suelo de espacios libres en San Pedro), Quatrovillas (dos chalés en zona verde junto a un arroyo en La Coneja), Anotaciones 24 (14 viviendas en el edificio Centro Forestal Sueco en zona inundable del río Verde), Hoteles Playa (edificio de 99 viviendas junto al Hotel Senator, en suelo de equipamiento cultural) y Promotora Edificio Jem (40 viviendas en parcela de equipamiento deportivo y educativo junto a la playa de El Arenal).

José Ávila Rojas está imputado en el caso Malaya de presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, por los que se encuentra en libertad bajo fianza de 500.000 euros.

Según el juez instructor, el promotor granadino no sólo pagó comisiones al Ayuntamiento, sino que participó en negocios con el presunto cerebro de la trama de corrupción y gerente de Urbanismo durante los mandatos del GIL en Marbella. "Roca y Ávila Rojas en Marbella son uno", llegó a afirmar el juez en uno de sus autos, en el que explicaba: "Saben qué suelos deben comprar a bajo precio en la seguridad de poder desarrollarlos, bien a nombre de empresas de Ávila Rojas o de testaferros de Roca, obteniendo las licencias en cualquier caso aunque sean ilegales, y repartiéndose las ganancias seguras".