La Xunta regula los supuestos de exención del pago de tasas universitarias
El Consello niega autorización a una explotación minera entre Quiroga y Folgoso do Courel
El Consello de la Xunta reguló ayer por primera vez los supuestos de exención del pago de precios públicos en el decreto que fija las tasas que hay que pagar para estudiar en las universidades gallegas. Las excepciones afectan a los miembros de familias numerosas, alumnos discapacitados y víctimas de actos terroristas y de violencia machista. En la misma sesión, el Gobierno gallego decidió denegar la autorización a la explotación minera conocida como La Ilusión, situada entre los municipios lucenses de Quiroga y Folgoso do Courel.
En el caso de las familias numerosas, quedan exentos del...
El Consello de la Xunta reguló ayer por primera vez los supuestos de exención del pago de precios públicos en el decreto que fija las tasas que hay que pagar para estudiar en las universidades gallegas. Las excepciones afectan a los miembros de familias numerosas, alumnos discapacitados y víctimas de actos terroristas y de violencia machista. En la misma sesión, el Gobierno gallego decidió denegar la autorización a la explotación minera conocida como La Ilusión, situada entre los municipios lucenses de Quiroga y Folgoso do Courel.
En el caso de las familias numerosas, quedan exentos del pago de las tasas los alumnos que pertenezcan a familias con cinco hijos o más (o cuatro cuando al menos tres procedan de adopción, acogida o parto múltiple). Tampoco tendrán que pagar las familias con cuatro hijos cuyos miembros no alcancen el salario mínimo por término medio. Las familias numerosas con tres o cuatro hijos tendrán derecho a una reducción del 50%. No tendrán que pagar los alumnos con una minusvalía igual o superior al 33% o las víctimas del terrorismo o de la violencia machista, así como sus familias.
El resto de alumnos, sin embargo, verán incrementadas las tasas un 4% (1,6 puntos más que el IPC estatal), a medio camino de la horquilla autorizada por la Conferencia Nacional de Política Universitaria. Los precios variarán, además, en función de las modalidades de matrícula, incrementándose sucesivamente a partir de las segundas matrículas (a partir de la cuarta el incremento se conservará un 50% de recargo).
En la misma sesión del Consello, la Xunta decidió autorizar un convenio con el Ministerio de Educación destinado a incrementar el número de auxiliares de conversación destinados en centros educativos gallegos (los auxiliares de conversación refuerzan la docencia de las Escuelas de Idiomas) así como invertir más de 635.000 euros para financiar becas de realización de estudios oficiales de posgrado. La consellería destinará, además, 1,7 millones de euros a financiar becas para la realización de estudios de tercer ciclo en las universidades gallegas a lo largo de este año y el siguiente.
Durante su reunión semanal, el Gobierno autorizó también a la Consellería de Industria a desarrollar el programa Ciudades Digitales en colaboración con el Gobierno central. Los 2,5 millones de euros de inversión prevista entre 2007 y 2008 proceden del Ministerio de Industria (50%) y de las administraciones autonómica y local (otro 50%) y servirán para financiar proyectos de servicios y aplicaciones de administración electrónica, así como servicios digitales dirigidos a ciudadanos y empresas del ámbito local.
Explotación minera
El Consello decidió denegar la autorización previa a la licencia municipal de la explotación minera La Ilusión, situada en los municipios lucenses de Quiroga y Folgoso do Courel. La Xunta ha tenido en cuenta el informe desfavorable de la Consellería de Medio Ambiente y de la Comisión Superior de Urbanismo. Parte de la cantera fue autorizada como recurso minero en 1974, cuando todavía no se exigían declaraciones de impacto ambiental.
El Consello aprobó también la inversión necesaria para la construcción de la depuradora de Xove (Lugo), la séptima de las 20 que el Gobierno ha prometido aprobar a largo de 2007 para cumplir la directiva europea que obliga a depurar las aguas residuales de poblaciones de más de 2.000 habitantes. Las 13 restantes están pendientes de que los municipios afectados pongan a disposición los terrenos para su localización.
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