Los 31 ojos que observarán a los vecinos de Centro

Tras pedirlo repetidas veces algunos vecinos y criticarlo fuertemente los colectivos de prostitutas, el Ayuntamiento quiere instalar 31 cámaras de videovigilancia antes de que acabe el año en la calle de la Montera, Gran Vía y en el entorno de la plaza de Soledad Torres Acosta. Todas ellas, zonas donde se ejerce la prostitución y donde los niveles de delincuencia crecen mucho más que en el resto de la capital.

El consistorio solicitó ayer permiso a la delegación del Gobierno, que deberá ahora trasladárselo a la Comisión de Videovigilancia. Si la medida prospera, las imágenes llegarán a ...

Tras pedirlo repetidas veces algunos vecinos y criticarlo fuertemente los colectivos de prostitutas, el Ayuntamiento quiere instalar 31 cámaras de videovigilancia antes de que acabe el año en la calle de la Montera, Gran Vía y en el entorno de la plaza de Soledad Torres Acosta. Todas ellas, zonas donde se ejerce la prostitución y donde los niveles de delincuencia crecen mucho más que en el resto de la capital.

El consistorio solicitó ayer permiso a la delegación del Gobierno, que deberá ahora trasladárselo a la Comisión de Videovigilancia. Si la medida prospera, las imágenes llegarán a un centro de pantallas instalado en la Unidad de la Policía Municipal de la calle de la Montera y se borrarán automáticamente al cabo de una semana.

El único precedente de estas características (para prevenir la delincuencia) en Madrid es el de la Plaza Mayor. Donde, según el consistorio, las 24 cámaras que se instalaron en 2005 han disminuido el nivel de delincuencia.

"Lo llevamos pidiendo bastante tiempo, así que nos parece bien", explica César Torquemada, portavoz de los vecinos y comerciantes de Montera. "Pero veremos si eso sirve de algo, no está claro", añade con escepticismo.

Las cámaras pretenden, además de vigilar la delincuencia, reducir la prostitución de la zona disuadiendo a los clientes. "Si lo hacen sólo por eso, no me parece bien. No es una competencia de un Ayuntamiento", critica Rocío Nieto, de APRAM. "La medida conculca derechos que en este país estaban garantizados. Todo esto huele a una moralina inaceptable. En esta ciudad hay gente que piensa que la prostitución tiene que legalizarse y reconocerse como legítima", denuncia, por su parte, Cristina Garaizábal, de Hetaira.