El juez impone una fianza de 100.000 euros al último detenido en la trama de Alhaurín
El empresario es el único de los 24 imputados que está acusado de blanqueo de dinero
El último empresario detenido en la trama de corrupción urbanística investigada en Alhaurín de la Torre (Málaga) quedó ayer en libertad tras abonar una fianza de 100.000 euros. El juez Carlos Peinado le impuso ayer la misma fianza que al alcalde de la ciudad, Juan Martín Serón (PP) y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, detenidos el pasado enero por cohecho y prevaricación. Manuel Márquez es el único de los 24 imputados del caso acusado de blanqueo de capitales. El principal testigo de la causa le acusa de ser la persona encargada de recibir las "comisiones" que pedía el concejal de Urba...
El último empresario detenido en la trama de corrupción urbanística investigada en Alhaurín de la Torre (Málaga) quedó ayer en libertad tras abonar una fianza de 100.000 euros. El juez Carlos Peinado le impuso ayer la misma fianza que al alcalde de la ciudad, Juan Martín Serón (PP) y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, detenidos el pasado enero por cohecho y prevaricación. Manuel Márquez es el único de los 24 imputados del caso acusado de blanqueo de capitales. El principal testigo de la causa le acusa de ser la persona encargada de recibir las "comisiones" que pedía el concejal de Urbanismo a cambio de gestiones urbanísticas en este municipio de 20.000 habitantes.
El último imputado en el caso bautizado como Operación Troya es el gerente de la empresa de maquinaria de construcción Conextran SL, adjudicataria de varias obras del Ayuntamiento. Fue detenido el miércoles por la tarde en un discreto operativo formado por agentes de paisano que también registraron su casa y la sede de la sociedad. Márquez pasó la noche en los calabozos de Málaga y declaró ante el juez Carlos Peinado a primera hora de la tarde de ayer. Minutos después de terminar su interrogatorio, el titular del juzgado nº 2 de Coín tomó una segunda declaración al concejal de Urbanismo Gregorio Guerra.
Según el principal testigo de la causa, el promotor José Burgos Leiva, Manuel Márquez es la persona a la que el concejal de Urbanismo le pidió que le entregara 121.000 euros como "comisión" por no paralizarle una obra. La implicación del concejal de Urbanismo y Manuel Márquez en esta acusación, revelada por el testigo a EL PAÍS en una entrevista, podría ser la razón por la que el juez también cito ayer al concejal.
El instructor continuará hoy con la toma de declaraciones del caso, todavía abierto y bajo secreto sumarial. Según fuentes judiciales, tiene previsto interrogar como imputados al arquitecto municipal, Miguel Ánguel Gutiérrez, y al asesor jurídico del Ayuntamiento, Juan Burgos.
La aprehensión de Manuel Márquez se ha producido apenas una semana después de la detención otros 19 pequeños empresarios y autónomos de la construcción acusados de cohecho continuado e inducción a la prevaricación urbanística. Diez de ellos quedaron en libertad tras pagar fianzas entre 50.000 y 20.000 euros y el resto quedó libre sin fianza.
Entre las últimas actuaciones está el registro de una gestoría propiedad de María Teresa Santos, esposa del alcalde, también la tarde del miércoles. La intervención podría estar relacionada con el hallazgo de 63.000 euros en efectivo en el domicilio del regidor. Martín Serón justificó a la policía esta suma diciendo que eran "provisiones de fondos" de las empresas con las que trabaja su esposa, asesora fiscal, "para el pago fraccionado del IVA".
A pesar de que esta vez no hubo sirenas y los tenían órdenes de actuar con la máxima discreción, el alcalde -que revalidó la mayoría absoluta el pasado 27 de mayo- volvió a congregar a más de un centenar de vecinos en la puerta de la asesoría de su esposa. Después de más de seis horas de registro, les dirigió unas palabras con las que presagió el fin de la instrucción del caso y la demostración de su inocencia.
Ayer, tras su toma de posesión como diputado provincial, el alcalde añadió que el miércoles "fue un día triste para la gente honrada" y "grande para los maltratadotes", en referencia a José Burgos Leiva, el empresario que grabó con ayuda del Cuerpo Nacional de Policía una conversación en la que el edil de Urbanismo le pedía 121.600 euros a cambio de no paralizarle unas obras. Burgos tiene una condena recurrida por maltrato psíquico a su ex mujer.