El Consell limita la oferta de bachillerato y amplía el concierto

Más de 1.500 alumnos que han solicitado plaza pública en su instituto de origen no saben dónde cursar bachillerato el próximo curso. La Consejería de Educación ha ordenado la supresión o denegado la solicitud de unidades para poder atender a estos alumnos en, al menos, medio centenar de centros públicos, fundamentalmente de Castellón (con 23 grupos menos previstos respecto del curso pasado), de Valencia capital (sobre todo, en distritos en expansión como Algiròs o la Font de Sant Lluis), y de los grandes núcleos urbanos de la provincia como Mislata, Alzira, Gandia o Carcaixent, según los datos...

Más de 1.500 alumnos que han solicitado plaza pública en su instituto de origen no saben dónde cursar bachillerato el próximo curso. La Consejería de Educación ha ordenado la supresión o denegado la solicitud de unidades para poder atender a estos alumnos en, al menos, medio centenar de centros públicos, fundamentalmente de Castellón (con 23 grupos menos previstos respecto del curso pasado), de Valencia capital (sobre todo, en distritos en expansión como Algiròs o la Font de Sant Lluis), y de los grandes núcleos urbanos de la provincia como Mislata, Alzira, Gandia o Carcaixent, según los datos recogidos por CC OO. De manera que -a una semana de que se publiquen las listas definitivas de los alumnos admitidos en primera instancia- "los directores no saben aún cuántos grupos de bachillerato tendrán",

según han confirmado a este periódico responsables de los institutos públicos de Valencia, las AMPAS afectadas y la Asociación Profesional de Directores de Secundaria del País Valencià

Mientras, la orden de ampliar el concierto al nivel no obligatorio de bachillerato -autorizada por Francisco Camps en puertas de las elecciones autonómicas de mayo en alianza con las patronales privadas y religiosas- ha revelado ahora que el volumen de unidades de bachillerato solicitado en la Comisión de Conciertos es prácticamente el mismo que el número de unidades provisionalmente denegadas o suprimidas en la red pública. "Esto es lo más grave: no sólo se confirma la tendencia de la última legislatura de reducir grupos en la pública, sino que este año la supresión coincide con la ampliación del concierto". Una política que supone un gasto fijo anual de 600 millones sin contar nóminas, que se verá incrementada "en 60 millones más", según el STEPV.

El desfase y la contradicción de esta medida dejan al descubierto, además, escenas tan paradójicas como la del IES Mislata, donde no se le autoriza a distribuir en tres grupos (en vez de dos) a los 71 alumnos de ESO que pasan a bachillerato para no ampliar la plantilla docente, lo que obligará a 13 de ellos a dejar su centro, sus profesores y compañeros, para ir a un concertado. Peor es la solución de la Dirección Territorial para el IES Serpis de Valencia, al que niega por segundo año la autorización de un cuarto grupo de bachillerato -pese a tener 35 alumnos de Ciencias y Humanidades mezclados en la misma aula- pero le ordena habilitar barracones o dobles turnos para acoger a los alumnos de ESO procedentes de dos colegios de otro distrito educativo, mientras sobran plazas en el instituto público más próximo, el nuevo IES Cabanyal.