El acceso a la 'eadministración', un derecho en 2009
Informarse, realizar consultas, pagar impuestos o hacer gestiones con las administraciones públicas por Internet ya es habitual para muchos ciudadanos. A partir de 2009 será, además, un derecho. En esa fecha los organismos públicos estarán obligados a ofrecer sus servicios por la Red, el teléfono móvil o cualquier medio electrónico futuro las 24 horas del día. La semana pasada el Congreso de los Diputados aprobó la Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP) por unanimidad. La norma ahorrará tiempo y dinero a los contribuyentes que, por ejemplo, podrán re...
Informarse, realizar consultas, pagar impuestos o hacer gestiones con las administraciones públicas por Internet ya es habitual para muchos ciudadanos. A partir de 2009 será, además, un derecho. En esa fecha los organismos públicos estarán obligados a ofrecer sus servicios por la Red, el teléfono móvil o cualquier medio electrónico futuro las 24 horas del día. La semana pasada el Congreso de los Diputados aprobó la Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP) por unanimidad. La norma ahorrará tiempo y dinero a los contribuyentes que, por ejemplo, podrán reclamar y enviar documentación por medios electrónicos, no deberán presentar el mismo papeleo a un organismo si otro ya lo tiene en su poder, y sabrán en todo momento el estado de su gestión administrativa.
La Ley garantiza que la información facilitada en una página web oficial tenga la misma validez jurídica que la que se obtiene en una oficina de atención al ciudadano y, además, crea la figura del defensor de del eciudadano, que velará para que esta teoría sea en la práctica una realidad.
La LAECSP da el derecho a los ciudadanos a acceder a los servicios públicos electrónicos con programas, plataformas y sistemas operativos basado en estándares abiertos y "en su caso y de forma complementaria" con aquellos que están ampliamente extendidos. Es decir que las administraciones estarán obligadas a facilitar la edocumentación en un formato abierto, como pdf o opendocument en el caso de los textos, y de forma complementaria en formato cerrado Microsoft Word. Además, cualquier aplicación desarrollada por los organismos públicos podrá ser reutilizada por otra administración y viceversa. El objetivo es evitar la duplicación de esfuerzos y costes en el desarrollo de la administración electrónica, a la que el Gobierno destinará 1.800 millones de euros a partir de 2008.
Sólo Estados Unidos e Italia tienen una normativa similar, según el Ministerio del Administraciones Públicas.
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