Multa de 1.500 euros al alcalde de Tarragona por no derribar el Fortí de la Reina
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha cumplido su amenaza: el alcalde en funciones de Tarragona, Joan Miquel Nadal (CiU), ha sido multado con 1.500 euros por no haber iniciado el derribo del restaurante Fortí de la Reina. El tribunal establece que la multa, que fue notificada a Nadal el pasado día 5, le sea requerida "por vía judicial de apremio" o urgencia. El TSJC ha impuesto esta multa al alcalde después de que expirara un plazo de 30 días para que iniciara el derribo del local, construido en una zona verde. El alcaldable de Tarragona se enfrenta a nuevas sanciones de la m...
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha cumplido su amenaza: el alcalde en funciones de Tarragona, Joan Miquel Nadal (CiU), ha sido multado con 1.500 euros por no haber iniciado el derribo del restaurante Fortí de la Reina. El tribunal establece que la multa, que fue notificada a Nadal el pasado día 5, le sea requerida "por vía judicial de apremio" o urgencia. El TSJC ha impuesto esta multa al alcalde después de que expirara un plazo de 30 días para que iniciara el derribo del local, construido en una zona verde. El alcaldable de Tarragona se enfrenta a nuevas sanciones de la misma cuantía de ahora en adelante si en un plazo de 20 días no comunica al TSJC el inicio del derribo.
El Fortí de la Reina es una antigua plaza fuerte del Ejército del Archiduque de Austria, situado en primera línea de mar, desde donde Tarragona se defendió durante la Guerra de Sucesión (1702-1714) de las tropas de Felipe V. El restaurante aprovecha parte de los muros del antiguo fortín, declarados bien patrimonial, y los ha integrado en su estructura. Una particular, Rosa Elías, inició en 1989 un procedimiento judicial contra la autorización municipal para la apertura del restaurante, y logró que en 1996 el TSJC sentenciara que debía ser derruido por estar construido en una zona verde. Desde entonces hasta ahora el Ayuntamiento de Tarragona ha tratado, por todos los medios, de legalizar el restaurante y de eludir la ejecución de la sentencia mediante recursos a todas las instancias. Estos recursos se agotaron el pasado diciembre, cuando el Constitucional ordenó el derribo.