El fiscal rechaza poner en libertad a los imputados del 'caso Hidalgo'

Una rápida vista -apenas 45 minutos- sirvió ayer para que la Audiencia de Málaga conociera los cinco recursos interpuestos por los tres principales imputados en el caso Hidalgo contra su situación de prisión provisional por la trama de blanqueo de capitales destapada en Marbella el pasado abril. El delegado de la Fiscalía Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, rechazó la puesta en libertad de los abogados Rafael Cruz-Conde y Guzmán de Lacalle y Noriega -socios del conocido despacho marbellí Cruz-Conde- y del economista Luis María Rubio, a quienes acusa de crear "entrama...

Una rápida vista -apenas 45 minutos- sirvió ayer para que la Audiencia de Málaga conociera los cinco recursos interpuestos por los tres principales imputados en el caso Hidalgo contra su situación de prisión provisional por la trama de blanqueo de capitales destapada en Marbella el pasado abril. El delegado de la Fiscalía Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, rechazó la puesta en libertad de los abogados Rafael Cruz-Conde y Guzmán de Lacalle y Noriega -socios del conocido despacho marbellí Cruz-Conde- y del economista Luis María Rubio, a quienes acusa de crear "entramados societarios" para que algunos de sus clientes puedan "ocultar la titularidad de fondos" obtenidos por delitos graves como el tráfico de drogas o de armas.

El fiscal aseguró, además, que "no es ilusorio" que los imputados puedan eludir la acción de la justicia si se les deja en libertad o que puedan alterar o destruir pruebas en España y en el extranjero. López Caballero recordó que el 17 de abril, fecha de las detenciones, "se entró simultáneamente en un despacho en Holanda a través de un requerimiento de Eurojust. Esto indica que existen canales de comunicación con grupos societarios en el extranjero por lo que hay un riesgo evidente de manipulación o alteración de pruebas".

El abogado de los tres imputados, Antonio Ruiz Villén, basó sus recursos contra los autos de detención y prisión de Cruz-Conde y Lacalle y contra el auto de prisión de Rubio en dos ejes. El primero fue que transcurrieron más de 72 horas entre su arresto y su declaración ante el juez instructor Francisco de Urquía, titutular del juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, lo que vulnera, según Ruiz Villén, la Ley de Enjuiciamiento Criminal. López Caballero acudió a la doctrina creada con la operación Ballena Blanca para contraatacar este argumento. Según el fiscal anticorrupción, en las causas en las que hay múltiples detenciones "se admite como fecha de inicio de cómputo de la detención el día en que el detenido es puesto a disposición del ju

ez.

Motivación escueta

La segunda pata argumental consiste en la supuesta "falta de motivación" de los autos de prisión. "Se desconoce qué operaciones concretas de blanqueo se les imputan", se quejó el letrado Ruiz Villén. López Caballero admitió que la motivación era "escueta" pero afirmó que era "suficiente", y esbozó la supuesta forma de actuar del bufete de abogados y de la asesoría fiscal Santa Ana 1, dirigida por Luis María Rubio: "Santa Ana 1 crea un servicio completo a los clientes que se lo reclaman y que consiste en ocultar la titularidad de los fondos a través de entramados societarios que se crean en el despacho Cruz-Conde y que se administran a través de Santa Ana 1. Se observa una modalidad de blanqueo en el que se crea una sociedad en España con dos socios, uno de los cuales está radicado en un paraíso fiscal".