Laberinto vasco-navarro

CASI LA MITAD de las listas de Acción Nacionalista Vasca (ANV) -123 sobre 256- presentadas a las elecciones del 27-M en el País Vasco y Navarra pasaron en su día el corte de la Ley de Partidos que la fiscalía general y la abogacía del Estado habían establecido de forma vinculante para su posterior examen por el Supremo y el Constitucional. Mas allá de los débiles argumentos jurídicos utilizados para discriminar entre las candidaturas toleradas y las listas prohibidas de dicho partido, fundado en 1930 pero uncido al brazo político de ETA a partir de 1978, resulta evidente desde un punto de vist...

CASI LA MITAD de las listas de Acción Nacionalista Vasca (ANV) -123 sobre 256- presentadas a las elecciones del 27-M en el País Vasco y Navarra pasaron en su día el corte de la Ley de Partidos que la fiscalía general y la abogacía del Estado habían establecido de forma vinculante para su posterior examen por el Supremo y el Constitucional. Mas allá de los débiles argumentos jurídicos utilizados para discriminar entre las candidaturas toleradas y las listas prohibidas de dicho partido, fundado en 1930 pero uncido al brazo político de ETA a partir de 1978, resulta evidente desde un punto de vista sociológico que ANV continúa en fraude de ley las actividades tradicionales de Batasuna, la organización disuelta por sentencia del Supremo el 27 de marzo de 2003. El abierto apoyo prestado por los dirigentes de la formación ilegalizada a sus sucesores, los actos de violencia dirigidos contra los partidos democráticos por las bandas juveniles de la kale borroka durante las semanas de campaña y el allanamiento de los colegios electorales en aquellas localidades donde las listas de ANV habían sido prohibidas deberían despejar las últimas dudas razonables al respecto.

La prohibición de la lista de ANV para el Parlamento navarro y la autorización en paralelo de la candidatura del mismo partido al Ayuntamiento de Pamplona crean un cortocircuito político

Entre las listas de ANV impugnadas por la fiscalía general y el abogado del Estado figuraban las candidaturas de ámbito institucional al Parlamento navarro (en el País Vasco no se celebraban el 27-M elecciones autonómicas) y a las juntas forales de Vizcaya y de Guipúzcoa (en Álava, las listas toleradas fueron mínimas), encargadas de elegir a sus diputaciones. En el terreno municipal, las pautas de distribución geográfica de las listas autorizadas o prohibidas resultaron desconcertantes; aunque impugnadas en Bilbao, San Sebastián y Vitoria, fue permitida su presencia legal en Pamplona. La tolerancia de la fiscalía general y de la abogacía del Estado se extendió a numerosos ayuntamientos vascos y navarros donde Batasuna había tenido alcaldes antes de su ilegalización en 2003, como Oiartzun, Hernani, Pasaia, Bergara o Mondragón. La doble decisión de autorizar la candidatura de ANV para Pamplona y de prohibir su lista para el Parlamento navarro formó un cortocircuito político en favor de Unión del Pueblo Navarro (UPN).

Con una participación de 12 puntos por encima de la media nacional, los resultados electorales del Viejo Reino han creado una situación de difícil salida. La tronitronante, maliciosa y demagógica campaña previa al 27-M lanzada por los populares anunció la irreversible entrega de Navarra al País Vasco si los socialistas arrebataban el Gobierno foral a UPN. Pero la marca navarrista del PP en la comunidad no sólo perdió un escaño (pasó de 23 a 22 diputados), sino también la mayoría absoluta parlamentaria a causa del simultáneo retroceso de su aliado Convergencia de Demócratas de Navarra (CDN), que cayó de cuatro a dos diputados. La segunda posición fue ocupada con 12 escaños por Nafarroa Bai (NB), una coalición nacionalista vasca opuesta a la violencia de ETA que incluye en sus filas al PNV, EA, Aralar y Batzarre. Los socialistas del PSN obtuvieron también 12 diputados, pero con menor número de votos; IU cerró la carrera con dos escaños.

Esa endemoniada correlación de fuerzas permite en teoría a los socialistas participar en diferentes combinaciones de poder. O bien pactar con UPN (entrando en el Gobierno o apoyándolo desde fuera), a cambio de recibir las excusas que Zapatero exigió a Rajoy en el Congreso por las injurias recibidas durante la campaña. O bien formar Gobierno con NB, siempre que la coalición nacionalista no pida como contraprestación el apoyo del PSN para investir alcaldesa de Pamplona a su candidata, necesitada también de la ayuda de los dos concejales de ANV. Por lo demás, la consigna del voto nulo para aquellos municipios donde hubiesen sido prohibidas las candidaturas de ANV permite hacer un cálculo aproximado del respaldo electoral prestado a los continuadores de Batasuna. En el País Vasco, las 73.344 papeletas legales a favor de ANV y los 83.392 sufragios nulos suman el 15,68% de los votos emitidos; el porcentaje desciende en Navarra al 8,63% del total.