Las ETT quieren reconvertirse

Las empresas de trabajo temporal (ETT) pretenden transformarse en agencias privadas de empleo, con más atributos que los actuales. Los sindicatos, sin embargo, se muestran reticentes. La patronal del sector, AGETT, llevará sus propuestas, a través de la CEOE, a las reuniones del grupo de trabajo creado por los agentes sociales para el desarrollo de la Ley de Empleo de 2006.

Un debate de amplio calado social se avecina. La patronal que agrupa a las mayores empresas de trabajo temporal españolas va a plantear formalmente a los sindicatos la reconversión de dichas firmas en agencias privad...

Las empresas de trabajo temporal (ETT) pretenden transformarse en agencias privadas de empleo, con más atributos que los actuales. Los sindicatos, sin embargo, se muestran reticentes. La patronal del sector, AGETT, llevará sus propuestas, a través de la CEOE, a las reuniones del grupo de trabajo creado por los agentes sociales para el desarrollo de la Ley de Empleo de 2006.

UGT afirma que hay que "dotar de más recursos a los servicios públicos de empleo, potenciándolos, no convirtiéndolos en algo residual"

La reforma propiciaría que la tasa de temporalidad en España pasase del actual 31,95% a niveles europeos, en torno al 15%, según Adecco

Un debate de amplio calado social se avecina. La patronal que agrupa a las mayores empresas de trabajo temporal españolas va a plantear formalmente a los sindicatos la reconversión de dichas firmas en agencias privadas de empleo, con atribuciones globales que vayan más allá de la actual gestión de la temporalidad. La intención última es convertirse en un sector complementario de los servicios públicos de empleo. El marco en el que se iniciará dicha negociación, que se prevé ardua, será la mesa de políticas activas en la que los agentes sociales deben discutir el desarrollo reglamentario de la Ley de Empleo de 2006. Tras un primer encuentro para fijar el calendario de reuniones, patronal y sindicatos entrarán a fondo en la cuestión tras las elecciones municipales y autonómicas.

Las pretensiones de AGETT tendrán como portavoces a los representantes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y se incluirán en el seno de tres apartados previstos en la discusión: la evaluación y modernización de los servicios públicos de empleo; la coordinación en este terreno entre las competencias estatales y las autonómicas, y la colaboración de la Administración con los agentes privados de empleo.

Para defender dicha reconversión, AGETT esgrimirá un memorando en el que Eurociett, la confederación europea de agencias privadas de empleo, ha recopilado las diferentes prácticas que en este sentido se han aprobado ya en diferentes países occidentales. "En la actualidad", argumenta Francisco Aranda, desde abril nuevo presidente de AGETT, "no podemos hacer selección de personal, por tanto, no podemos aportar empleados con contrato indefinido. Tampoco podemos ofrecer formación integrada, ligada a los procesos de selección. Son dos de los puntos que queremos modificar. Otro cambio importante es la ampliación de los sectores productivos en los que las ETT pueden operar, levantando las prohibiciones actuales".

"Para que esta transformación sea posible necesitamos que haya voluntad política por parte del Gobierno", prosigue Aranda, quien además agrega que "la reforma sólo se hará de la mano de los sindicatos y siempre con la mejora de la calidad del empleo como referencia". No les va a resultar fácil lograrlo todo. Jesús Pérez, secretario confederal de Empleo y Protección Social de UGT, asegura que su sindicato "no comparte esa reconversión en agencias privadas de empleo, que conllevaría modificaciones profundas de la legalidad". En su opinión, "la prioridad debe estar en dotar de más recursos a los servicios públicos de empleo, potenciándolos, no convirtiéndolos en algo residual".

Igualdad de oportunidades

La pretensión de AGETT, según el dirigente sindical, "no garantizaría la igualdad de oportunidades entre los demandantes de empleo y provocaría que para los servicios públicos quedasen sólo quienes más dificultades tienen para acceder al mercado de trabajo". UGT, sin embargo, sí se muestra "dispuesta a discutir" el levantamiento de la prohibición de la actuación de las ETT en determinados sectores laborales, como la construcción y las administraciones públicas. "En el caso de la construcción", especifica Jesús Pérez, "siempre y cuando, por ser un sector de riesgo, se canalice a través de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud".

Fuentes de CC OO señalan, por su parte, que "las propuestas de modificación del marco legal tienen que partir del sistema nacional de empleo", por lo que sólo se pronunciarán cuando haya planteamientos del Gobierno firmes y concretos sobre la cuestión. En el Ministerio de Trabajo la respuesta es que no avanzarían su posición hasta que no esté plenamente operativo el grupo de trabajo sobre políticas activas para el desarrollo de la Ley de Empleo aprobada el pasado año.

Según Enrique Sánchez, presidente de Adecco, la reforma legal propiciaría que en pocos años la tasa de temporalidad en España pasase del actual 31,95% a niveles europeos, en torno al 15% del empleo total. Además, "un mayor peso de la intermediación profesional privada combatiría con más eficacia la economía sumergida". En su opinión, "la última reforma laboral ha sido razonable, pero incompleta", por lo que aboga por abordar con decisión la ampliación de las competencias de las ETT.

A falta de esas modificaciones legales, en los últimos años algunas empresas de trabajo temporal se han ido transformando de facto en firmas globales de recursos humanos con diferentes líneas de negocio, entre ellas la de selección de personal cualificado y directivo. Para el presidente de AGETT, Francisco Aranda, se trata, sin embargo, de una vía "llena de ineficiencias, tanto para las empresas demandantes como para los propios trabajadores". Según el dirigente de UGT Jesús Pérez, "la legislación actual no permite que las ETT se conviertan en agencias privadas con ánimo de lucro, algo que, aunque se reconviertan en empresas con nuevas líneas de negocio en el campo laboral, debe seguir manteniéndose".

Francisco Aranda considera, en cambio, que "determinadas ETT, no todas, sí deberían poder ocuparse de todos los procesos de intermediación laboral, dentro de una homologación y unos parámetros contrastados de calidad, y buscando la máxima eficiencia en función de las características y necesidades de cada una de las comunidades autónomas", depositarias de las competencias en este terreno.

"En el fondo", sostiene Aranda, "se trata de ir incorporando paulatinamente en España el nuevo concepto de flexiseguridad, que persigue no tanto garantizar un empleo para toda la vida sino la empleabilidad permanente del trabajador, de manera que nadie tenga problemas para mantenerse en el mercado de trabajo si acaba un contrato o decide cambiar de empleo".