Vecinos de Patraix denuncian ante el juez a Iberdrola y Red Eléctrica
La asociación de vecinos de Favara presentó ayer ante el Juzgado de instrucción número seis de Valencia, en funciones de guardia, una denuncia contra Iberdrola y Red Eléctrica Española (REE) por la explosión del pasado 15 de mayo en la subestación eléctrica del barrio de Patraix (Valencia). Según consta en la denuncia, ambas compañías podrían haber cometido un delito de riesgo catastrófico, recogido en el artículo 348 del Código Penal. Según explicó el abogado de esta asociación, Enric Bataller, "el informe de los bomberos precisa que la explosión se produjo en un recipiente a presión que cont...
La asociación de vecinos de Favara presentó ayer ante el Juzgado de instrucción número seis de Valencia, en funciones de guardia, una denuncia contra Iberdrola y Red Eléctrica Española (REE) por la explosión del pasado 15 de mayo en la subestación eléctrica del barrio de Patraix (Valencia). Según consta en la denuncia, ambas compañías podrían haber cometido un delito de riesgo catastrófico, recogido en el artículo 348 del Código Penal. Según explicó el abogado de esta asociación, Enric Bataller, "el informe de los bomberos precisa que la explosión se produjo en un recipiente a presión que contenía gas de azufre. La deflagración provocó la rotura de uno de los ventanales del edificio". El letrado puntualizó que "no está claro si la explosión se produjo en un punto que compete a Iberdrola, propietaria del continente de la instalación, o a Red Eléctrica Española, responsable del cable de línea que alimenta los transformadores".
Representantes de la asociación Favara aseguraron ayer que "la explosión ha evidenciado la notoria temeridad del Ayuntamiento de Valencia al conceder una licencia de actividad inocua para una subestación transformadora claramente peligrosa, ruidosa y molesta". En consecuencia, y tal como consta en la denuncia, ambas empresas podrían haber actuado sin tener en cuenta los riesgos de la actividad. El delito del que son acusadas castiga con hasta tres años de prisión a quienes pongan en peligro la vida o la integridad física de las personas, o dañen el medio ambiente, mediante la fabricación, manipulación, tenencia o comercialización de sustancias explosivas, inflamables o tóxicas.