Azkuna cierra la crisis por el atasco de la A-8 sin exigir nuevas dimisiones
El consistorio aprueba un texto que lamenta el colapso y considera electorales las críticas
El alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, cerró ayer la crisis política abierta por el gigantesco atasco de tráfico del 19 de abril -el mayor de toda la historia de la ciudad y de Euskadi- sin más dimisiones que la ya aceptada de un alto cargo de la concejalía de Obras y Servicios. Azkuna, quien debió enfrentarse a un pleno municipal extraordinario por este asunto, solicitado por el PP , consideró "justísima" dicha dimisión y rechazó que las responsabilidades políticas deban extenderse a los concejales del PNV o su personal de confianza. Los peneuvistas rechazaron que tuviera que existir "un plan B"...
El alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, cerró ayer la crisis política abierta por el gigantesco atasco de tráfico del 19 de abril -el mayor de toda la historia de la ciudad y de Euskadi- sin más dimisiones que la ya aceptada de un alto cargo de la concejalía de Obras y Servicios. Azkuna, quien debió enfrentarse a un pleno municipal extraordinario por este asunto, solicitado por el PP , consideró "justísima" dicha dimisión y rechazó que las responsabilidades políticas deban extenderse a los concejales del PNV o su personal de confianza. Los peneuvistas rechazaron que tuviera que existir "un plan B" para aliviar el atasco como exigieron los ediles populares y socialistas.
El pleno, el último del actual mandato, había sido convocado a instancias del PP para reclamar la dimisión de alguno de los concejales del PNV al considerarles responsables de lo que ocurrió aquel día: se rompió, cuando se desmontaba, una pieza de 50 toneladas de peso de una pasarela peatonal en construcción sobre la A-8 en las inmediaciones de la capital y la autopista quedó bloqueada en los tres carriles de un sentido, lo que motivó retenciones que llegaron a sumar 55 kilómetros. Unos 137.000 vehículos quedaron atrapados y más de 600.000 personas afectadas, según los datos aportados ayer por el PSE.
El equipo de gobierno, que desde entonces sólo ha apreciado fallos en la comunicación del incidente, que, en su opinión, habrían "aliviado" el colapso, aceptó una semana después la dimisión del subdirector de Infraestructuras y Mantenimiento, Tito Aceves. Este alto cargo supervisó las tareas de desmontaje y se fue a su casa, de madrugada, antes de que se registrase la rotura de la pieza.
"En la cama"
Azkuna aseguró ayer que las responsabilidades por lo ocurrido "están perfectamente ubicadas" tras esa dimisión, que sostuvo fue "justísima". "El infortunio no tiene solución cuando uno se va a la cama", agregó en clara alusión a la actuación de Aceves. El primer edil insistió en que las graves consecuencias del atasco se habrían mitigado si en las primeras horas -la rotura de la pieza se produjo sobre las seis de la mañana y las fuertes retenciones comenzaron pasadas las 7.30- se hubiese avisado a los automovilistas de lo que ocurría.
El teniente de alcalde, Ibon Areso, rechazó cualquier dimisión "política" cuando "no ha habido responsabilidades políticas". Calificó de "falsedades" los reproches lanzados por la oposición sobre las prisas en la apertura de la pasarela, el riesgo para los conductores de una pieza que estaba defectuosa y la imprevisión por no haber planteado un protocolo de actuación si la operación de desmontaje se complicaba. "Se siguieron todos los protocolos técnicos", sostuvo Areso, quien volvió a criticar la petición de "responsabilidades que no existen por acusaciones falsas".
El portavoz del PP, Antonio Basagoiti, esgrimió varios informes técnicos municipales, algunos dirigidos directamente "al alcalde", dijo, que alertaban del riesgo de la operación de desmontaje. "Sabiendo los peligros no tenían un plan B", censuró. El socialista Txema Oleaga también incidió en la falta de un plan opcional si se producía cualquier contingencia en la obra. "Esto trasciende de lo técnico. Es descoordinación, una falta de previsión y una malísima gestión", destacó.
Oleaga preguntó al PNV la razón de que, "una vez producida, no se gestionara bien la crisis". "Si no tienen respuesta", afirmó, "están en una situación de debilidad mayor de la que pensamos." A su juicio, la responsabilidad del atasco corresponde a varias áreas municipales, la Diputación -"no hizo nada en muchas horas"- y el Gobierno, al recordar que los paneles de información de la autopista no ofrecieron ningún dato sobre el colapso. "[Las responsabilidades] no pueden detenerse en la dimisión de un funcionario", apostilló.
Basagoiti apuntó que Azkuna debía haber destituido a su concejal de Obras, la de Circulación o su asesor personal. Afirmó que lo ocurrido es una "evidencia de que no se han hecho las cosas de manera correcta".
La propuesta del PP de ampliar las responsabilidades ni siquiera se votó porque decayó al aprobarse una enmienda de modificación del equipo de gobierno (PNV, EA y EB) que mostraba su pesar por lo ocurrido y consideraba "electoral" la moción popular.
Preguntas a Balza
El caos en la A-8 a su paso por Bilbao de hace tres semanas ha llegado también al Parlamento por medio de una pregunta tramitada por el PP al consejero de Interior, Javier Balza.
El popular Carlos Urquijo ha inquirido a Balza sobre el número de ertzainas implicados en el dispositivo y la hora a partir de la que fueron movilizados por Interior. A ello añade la petición de información sobre los puntos concretos y la hora en la que la Ertzaintza desvió la circulación para evitar que siguieran entrando vehículos en la A-8.
Urquijo pregunta igualmente si existió algún dispositivo para atender las necesidades de los conductores atrapados, tanto médicas como de otro tipo, y le pide una valoración sobre si "a pesar de las muchas horas de atasco, la situación se gestionó adecuadamente por la Dirección de Tráfico". El PP inquiere si no existe por parte de Interior "ningún reproche que hacer ni error que corregir" en un futuro.
Una de las quejas de los automovilistas afectados en aquella jornada fue la nula información de las pantallas ubicadas en la A-8 que suelen ofrecer datos sobre posibles atascos, riesgo de lluvia o niebla. La gestión de la autopista está en manos de la Diputación, pero la competencia sobre el tráfico, tras un conflicto que duró varios años, corresponde al Ejecutivo.
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