La oposición de Vitoria eleva hoy al fiscal su denuncia de irregularidades urbanísticas
Representantes de todos los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Vitoria entregarán esta mañana en la Fiscalía de la Audiencia de Álava las conclusiones de la comisión municipal extraordinaria que ha investigado posibles irregularidades en la concejalía de Urbanismo a cuenta de dos promociones de chalés. Los portavoces de PNV, PSE, EB y EA, que suman 18 de los 27 concejales, han asumido la gestión después de que el equipo de gobierno, del PP, rehusase el viernes pasado asumir la decisión votada por la mayoría del pleno.
La entrega del informe a la fiscalía para que lo estudie es...
Representantes de todos los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Vitoria entregarán esta mañana en la Fiscalía de la Audiencia de Álava las conclusiones de la comisión municipal extraordinaria que ha investigado posibles irregularidades en la concejalía de Urbanismo a cuenta de dos promociones de chalés. Los portavoces de PNV, PSE, EB y EA, que suman 18 de los 27 concejales, han asumido la gestión después de que el equipo de gobierno, del PP, rehusase el viernes pasado asumir la decisión votada por la mayoría del pleno.
La entrega del informe a la fiscalía para que lo estudie es el último acto de un proceso iniciado hace cuatro meses, cuando el concejal de EA, Antxon Belakortu, planteó las primeras denuncias sobre la tramitación irregular de los expedientes de las dos urbanizaciones: una de 24 chalés bioclimáticos de precio tasado en el barrio de Ibaiondo y otra de siete viviendas en el pueblo de Ali. En el primer caso, se ha constatado una subida de 54.000 euros en cada piso a espaldas del pleno; en el segundo, se permitió construir siete chalés donde sólo estaban permitidos seis.
Las explicaciones que ofrecieron en su momento el concejal de Urbanismo, Jorge Ibarrondo, y el director de su departamento, Antxon Sáenz de Santamaría, no convencieron a la oposición, que promovió la comisión investigadora. Tras semanas de comparecencias de técnicos, ediles, constructores y arquitectos, las conclusiones apuntan indicios de que Ibarrondo y Sáenz de Santamaría pudieron cometer un supuesto delito de prevaricación.
El PP ha considerado siempre el asunto un montaje de la oposición de cara a las elecciones.