La policía detiene en Málaga al ex 'número dos' de Jesús Gil y a su hija por el 'caso Malaya'

Pedro Román, ex primer teniente de alcalde de Marbella (Málaga) y mano derecha del fallecido regidor Jesús Gil, y su hija María del Pilar Román fueron detenidos ayer a mediodía en el aeropuerto de Málaga cuando regresaban en un vuelo procedente de Zurich (Suiza). Sobre ambos pesaba una orden de busca y captura internacional cursada la semana pasada por el juez instructor del caso Malaya, Miguel Ángel Torres. Con sus arrestos se eleva a 97 el número de detenidos en el mayor caso abierto hasta ahora contra la corrupción municipal.

A su llegada al aeródromo malagueño les estaban esp...

Pedro Román, ex primer teniente de alcalde de Marbella (Málaga) y mano derecha del fallecido regidor Jesús Gil, y su hija María del Pilar Román fueron detenidos ayer a mediodía en el aeropuerto de Málaga cuando regresaban en un vuelo procedente de Zurich (Suiza). Sobre ambos pesaba una orden de busca y captura internacional cursada la semana pasada por el juez instructor del caso Malaya, Miguel Ángel Torres. Con sus arrestos se eleva a 97 el número de detenidos en el mayor caso abierto hasta ahora contra la corrupción municipal.

A su llegada al aeródromo malagueño les estaban esperando agentes del grupo contra el crimen organizado Udyco Costa del Sol. Fuentes policiales indicaron que lo más probable es que al presentar su documentación en el aeropuerto suizo, la base de datos de Interpol hiciera saltar las alarmas y la policía suiza avisara a los agentes malagueños. Padre e hija fueron trasladados directamente a la comisaría provincial de Málaga, donde estaba previsto que pasaran la noche antes de ser puestos a disposición del juez Torres, seguramente hoy.

Pedro Román, teniente de alcalde de Marbella entre 1991 y 1998, está reclamado judicialmente por fraude sobre bienes públicos y su hija aparece como administradora de una de las sociedades investigadas en la operación contra la corrupción municipal en Marbella, según fuentes de la investigación.

La semana pasada, Pedro Román fue condenado a un año de prisión junto a Julián Muñoz y otros seis ex ediles marbellíes por un delito urbanístico.

El que fue principal colaborador de Jesús Gil en el Ayuntamiento cuenta con al menos otras dos condenas anteriores, por lo que es muy probable que ingrese en prisión, independientemente de la determinación que adopte el juez instructor tras oír su versión de los hechos por el caso Malaya.

El nombre de Román, conocido popularmente en Marbella como "la sonrisa del régimen" debido a su tendencia a limar las asperezas que creaban los frecuentes exabruptos del polémico alcalde Jesús Gil, surgió en el interrogatorio del último detenido en el caso Malaya, el ex comisario del Cuerpo Nacional de Policía Florencio San Agapito, en libertad bajo fianza de 500.000 euros.

El juez también se interesó por la sociedad Yambali 2000, SL, que ahora pertenece al constructor granadino José Ávila Rojas, también imputado y en libertad bajo fianza de 500.000 euros. La empresa es propietaria de un edificio de apartamentos en Puerto Banús, cuyas obras se encuentran paralizadas por orden del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Los investigadores creen que el ex primer teniente de alcalde era socio de Juan Antonio Roca, supuesto cerebro de la trama, y que utilizaba los servicios del abogado Juan Germán Hoffmann, considerado testaferro en paraísos fiscales del ex asesor urbanístico.

La relación de Pedro Román con los tribunales se prolonga en el tiempo. El pasado febrero fue condenado a pagar una indemnización de más de dos millones de euros para eludir la pena de dos años de cárcel por una condena como autor de un delito contra la Hacienda Pública.

En septiembre de 2000 fue condenado a nueve años de inhabilitación para cargo público por el denominado caso camisetas -desvío de dinero del Ayuntamiento de Marbella al Atlético de Madrid-, aunque para entonces ya había abandonado la actividad política. En enero de 1999 ingresó en prisión preventiva por el caso Atletico, en el que se juzgó las irregularidades cometidas en la transformación del Atlético de Madrid en sociedad anónima, pero salió en libertad provisional el mismo año tras pagar una fianza de 120.000 euros.