La Eurocámara condena la tolerancia con el urbanismo salvaje en la costa mediterránea

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó ayer un demoledor informe sobre las tropelías del urbanismo salvaje español, que somete el bien común a la ambición y avaricia de ayuntamientos regidos por alcaldes de poca monta conchabados con urbanizadores, constructores, arquitectos y abogados sin escrúpulos. El informe se centra en "el enladrillado" del Mediterráneo, en particular el de la Comunidad Valenciana, sometido a "un expolio de la propia comunidad y de su patrimonio cultural". El consejero valenciano de Territorio, Esteban González Pons, calificó el informe de "inquis...

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó ayer un demoledor informe sobre las tropelías del urbanismo salvaje español, que somete el bien común a la ambición y avaricia de ayuntamientos regidos por alcaldes de poca monta conchabados con urbanizadores, constructores, arquitectos y abogados sin escrúpulos. El informe se centra en "el enladrillado" del Mediterráneo, en particular el de la Comunidad Valenciana, sometido a "un expolio de la propia comunidad y de su patrimonio cultural". El consejero valenciano de Territorio, Esteban González Pons, calificó el informe de "inquisitorial e injusto".

A la Comisión de Peticiones no le costó mucho aceptar los duros términos de este informe, según el cual "en ningún otro país de la UE se han violado de tal modo y en tal magnitud los derechos de propiedad de los ciudadanos ni se han recibido peticiones sobre este tema de ningún otro Estado miembros de la UE". Lo aprobó por 13 votos a tres. El documento es fruto del viaje realizado entre el 27 de febrero y el 3 de marzo por dos eurodiputados (el polaco Marcin Libicki, del partido de los hermanos Kaczynski, y el laborista británico Michael Cashman) a Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana. En Madrid y Andalucía los parlamentarios encontraron irregularidades, al igual que en Cantabria y Murcia, pero todo palidece con lo hallado en la Comunidad Valenciana, de donde la Eurocámara dice haber recibido más de 15.000 demandas de socorro.

"Lo que está ocurriendo a lo largo del litoral mediterráneo español no es tanto desarrollo sostenible programado de las comunidades locales -aunque tal desarrollo también se produzca- cuanto, con frecuencia, un expolio de la propia comunidad y de su patrimonio cultural, el enladrillado del litoral, la destrucción de una fauna y flora frágiles y el enriquecimiento masivo de una pequeña minoría a expensas de la mayoría", señala el informe. "Las laderas de los montes se ven invadidas por un cáncer de viviendas clónicas, no porque sean necesarias sino porque suponen un beneficio para urbanizadores, constructores, arquitectos y abogados".

Esta es la tercera vez que, desde 2004, la Comisión visita Valencia. "Muy poco ha cambiado para mejor y miles de personas que adquirieron un inmueble de buena fe en muchas partes de España viven con la espada de Damocles suspendida sobre su hogar y sobre sus derechos", escriben Libicki y Cashman. El desencadenante de las visitas es la legislación española que obliga a ceder al ayuntamiento el 10% del solar para equipamientos, que muchos afectados consideran una exacción añadida al hecho de que los terrenos idílicos de naranjos y vistas al mar que compraron para un retiro jubiloso se vean convertidos de la noche a la mañana en terrenos edificables "como consecuencia de la ambición de alcaldes de poca monta atraídos por los cantos de sirena de promotores inmobiliarios". Según el informe, "las víctimas de la apropiación de suelo se cuentan por decenas de miles".

A este grave contratiempo se suma el de quienes "compran una vivienda de buena fe" y tras cumplir con todos los requisitos legales se encuentran con que "se declara ilegal el inmueble y se convierten en victimas de implacables ayuntamientos que han aprobado a sabiendas la construcción en suelo no calificado para tal fin. Los ciudadanos se convierten así en culpables". Uno y otro fenómeno se ven coronados por construcciones masivas en pequeñas localidades para las que unas veces no hay agua suficiente, o se han levantado dentro o junto a parques naturales, o en lugares sin estudio de impacto ambiental.

El Parlamento encontró graves obstáculos para sus pesquisas en la Comunidad Valenciana, donde "los desproporcionados sueños urbanísticos de promotores acaban convirtiéndose en pesadilla para la población local" y donde el equipo investigador "halló una actitud más arrogante".

Pese al voto en contra de tres eurodiputados del PP, incluido el suyo propio, Luis Herrero dijo: "Con este informe básicamente estamos bastante de acuerdo". El consejero valenciano González Pons cree ver intereses espurios en la singularización de la Comunidad Valenciana "cuando en toda España se construye igual" y lamenta los onerosos costes en imagen, inversión y turismo que puede suponer semejante documento, que calificó de "inquisitorial e injusto".