El juez autoriza la venta de propiedades de Roca para pagar deudas de sus empresas
El director de la prisión reconoce que ordenó quitar los cuadernos al ex asesor urbanístico
El juez Miguel Ángel Torres, instructor del caso Malaya, ha autorizado la venta de determinadas propiedades del principal imputado, Juan Antonio Roca, para mantener en activo las numerosas fincas, negocios y sociedades que le fueron incautadas al supuesto cerebro de la trama de corrupción. Fuentes judiciales indicaron ayer que dada la dimensión de los efectos intervenidos el instructor ha adoptado estas decisiones para sufragar los gastos que suponían las mismas propiedades. El abogado de Roca, José Aníbal Álvarez, estudia medidas contra la decisión judicial.
Entre los bie...
El juez Miguel Ángel Torres, instructor del caso Malaya, ha autorizado la venta de determinadas propiedades del principal imputado, Juan Antonio Roca, para mantener en activo las numerosas fincas, negocios y sociedades que le fueron incautadas al supuesto cerebro de la trama de corrupción. Fuentes judiciales indicaron ayer que dada la dimensión de los efectos intervenidos el instructor ha adoptado estas decisiones para sufragar los gastos que suponían las mismas propiedades. El abogado de Roca, José Aníbal Álvarez, estudia medidas contra la decisión judicial.
Entre los bienes puestos en venta se encuentran una serie de terrenos intervenidos en la comunidad murciana. Cinco solares y un hotel de cuatro estrellas en Los Alcázares habrían sido ofrecidos ya a varias inmobiliarias y particulares de la región murciana y tendrían un valor superior a los 144 millones de euros, según publicó ayer el diario Sur. La oferta distribuida entre los postores cifra el metro cuadrado de las parcelas en 780 euros y da un precio de salida del establecimiento hotelero que rondaría los 24 millones de euros. La policía ha intervenido propiedades atribuidas a Roca en las localidades murcianas de Cartagena, Los Alcázares, Mazarrón, San Javier, Torre Pacheco y La Unión.
Fuentes consultadas indicaron que la treintena de sociedades intervenidas y sus correspondientes propiedades acumulaban demasiados gastos y que el administrador judicial -que funciona como el gerente de una empresa- necesitaba recursos financieros para mantenerlas en activo. Las mismas fuentes negaron que el plan del juez sea hacer efectiva la totalidad del patrimonio intervenido, sino que se trata de una solución circunstancial.
No es la primera vez que el magistrado autoriza la venta de bienes de Roca, aunque en anteriores ocasiones el objeto de la transacción eran animales vivos. En diciembre, el administrador judicial tramitó la venta de 23 caballos de pura raza española, a cargo de la ganadería Marqués de Velilla, por unos 400.000 euros. El dinero se destinó a pagar los cuidados del resto de los caballos y los sueldos de los empleados de la explotación ganadera.
"Estas decisiones se justifican cuando se trata de bienes perecederos, que pierden el valor con el paso del tiempo o si se dejan de utilizar, pero en el caso de solares o construcciones resulta una medida extraordinaria", añadieron otras fuentes judiciales.
El letrado José Aníbal Álvarez no quiso hacer declaraciones sobre las medidas que adoptará. Ayer acudió a una vista celebrada en el juzgado de Instrucción 5 de Málaga por una denuncia que Roca interpuso contra el director de la prisión de Alhaurín de la Torre, Ángel Herbella, porque le requisaron cinco cuadernos en un cacheo previo a su traslado a prisión de Albolote (Granada).
El actual director de la prisión malagueña, Antonio Guerrero, declaró como imputado y reconoció que dio la orden de intervenir los cuadernos. Guerrero declaró que los cacheos formaban parte de su trabajo como responsable de seguridad (cargo que ocupaba entonces) y que son habituales antes de los traslados, informa Europa Press. En la causa ha declarado con anterioridad, también como imputado, Ángel Herbella, quien aseguró que no tuvo los cuadernos en su poder. Roca le denunció por delitos de revelación de secreto, apropiación indebida y contra los derechos fundamentales.
Las libretas fueron entregadas al juez "por haber indicios suficientes de que los escritos podían contener datos de personas (funcionarios e internos) y sobre las instalaciones", lo que podría constituir "un grave peligro para la seguridad del centro".