Editorial:

Crisis en las carreteras

Según el criterio establecido por la Dirección General de Tráfico para juzgar la política de prevención de la plaga de los accidentes de tráfico, estas vacaciones de Semana Santa significan un rotundo fracaso para la Administración y para la sociedad española. El director general, Pere Navarro, advirtió de que si se superaban los 100 muertos en accidentes de tráfico, como así ha sucedido, indicaría que "algo pasa" en las carreteras. No es necesario entrar en descalificaciones o análisis sin matizaciones, como los que difunden los que dan por inservible el carné por puntos o como los que se que...

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Según el criterio establecido por la Dirección General de Tráfico para juzgar la política de prevención de la plaga de los accidentes de tráfico, estas vacaciones de Semana Santa significan un rotundo fracaso para la Administración y para la sociedad española. El director general, Pere Navarro, advirtió de que si se superaban los 100 muertos en accidentes de tráfico, como así ha sucedido, indicaría que "algo pasa" en las carreteras. No es necesario entrar en descalificaciones o análisis sin matizaciones, como los que difunden los que dan por inservible el carné por puntos o como los que se quejan de que los conductores españoles no tienen remedio. Del continuo aumento de los desplazamientos podría concluirse, por el contrario, que la siniestralidad puede que esté bajando en términos relativos y que, por tanto, la situación general del tráfico no está empeorando.

Es cierto que el número de accidentes y de muertos en las carreteras indica que algo pasa. Y lo que pasa es que, una vez agotado el primer impacto del carné por puntos, que ilusionó con un descenso progresivo de las muertes en carretera, la Administración ha demostrado que carece de capacidad de disuasión para hacer cumplir las limitaciones de velocidad y las normas de tráfico.

Para imponer el cumplimiento de la ley, los conductores tienen que percibir que cada una de sus infracciones será inmediatamente detectada y rápidamente sancionada. Por el contrario, el mensaje que perciben es que la vigilancia en las autovías es insuficiente, o en las carreteras nacionales

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y secundarias simplemente nula, y que las violaciones de las normas, si llegan a detectarse, se gestionan con la lentitud propia de burocracias encasquilladas o simplemente descoordinadas. La instauración de los puntos requería cambios legales para agilizar los trámites de sanción y hacer sentir a los infractores el coste de incumplir la ley.

Pero las multas se reciben tarde y mal, los puntos se descuentan con inconcebible retraso y los problemas más evidentes del carné, como el tratamiento legal de los que circulan sin él, no se han resuelto. Para resolver el angustioso problema de los accidentes de tráfico hay que disponer de los medios adecuados -agentes de carretera, radares de sanción inmediata, tramitación rápida de las sanciones- para hacer cumplir la ley. Las administraciones públicas no invierten en ellos. Además, deben ser conscientes de que una parte importante del problema no es responsabilidad de los conductores, sino de las autoridades correspondientes, autonómicas en muchos casos, que no gastan en mejorar las carreteras nacionales -la mayoría de los accidentes y las muertes se producen en carreteras de doble dirección, no en las autovías o autopistas- o en señalizar mejor las vías. Acabar con estas muertes exige una política de Estado de inversiones en carreteras que brilla por su ausencia.

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