¿Para qué sirve la patronal?
ES JUEVES DÍA 29. En el momento de cerrar estas páginas hace más de seis días que el PP decretó un boicot informativo y económico a las empresas del Grupo PRISA (editor del diario EL PAÍS). El PP afirma que dejará de atender todas las convocatorias del Grupo PRISA, lo que afecta a la libertad de expresión; y llama, de manera especial, "a los accionistas, anunciantes y clientes de ese grupo de comunicación", lo que invade la libertad de empresa.
Han llegado numerosas muestras de solidaridad de las organizaciones de periodistas -con más o menos fortuna; alguna de ellas, dolorosamente meli...
ES JUEVES DÍA 29. En el momento de cerrar estas páginas hace más de seis días que el PP decretó un boicot informativo y económico a las empresas del Grupo PRISA (editor del diario EL PAÍS). El PP afirma que dejará de atender todas las convocatorias del Grupo PRISA, lo que afecta a la libertad de expresión; y llama, de manera especial, "a los accionistas, anunciantes y clientes de ese grupo de comunicación", lo que invade la libertad de empresa.
Han llegado numerosas muestras de solidaridad de las organizaciones de periodistas -con más o menos fortuna; alguna de ellas, dolorosamente meliflua y equidistante- que apelan a la primera libertad citada. Pero ¿dónde está la patronal?; ¿no tiene ésta nada que decir en el terreno específico de la libertad de empresa, ante un boicot económico organizado por una formación política? Ni está ni se la espera.
¿No tiene nada que decir la patronal cuando un partido apela a la rebelión de "accionistas, anunciantes y clientes" de una empresa? ¿Es prevalente su connivencia ideológica sobre los valores que dice defender?
No tratamos de la acción de la derecha política, que se reclama del liberalismo mientras apoya descaradamente a una de las partes en las OPA sobre Endesa -a pesar de que una empresa española como Acciona está en la competencia- e interfiere en la actividad económica de un grupo societario como PRISA con llamamientos como el citado, o con argumentarios tan falsos como malintencionados como el que ha proporcionado a sus altos cargos, en el que se habla de "la mala situación de las inversiones audiovisuales de Jesús Polanco y su necesidad de contar con el respaldo del Gobierno socialista para salir de la profunda crisis empresarial".
Estamos hablando de la patronal que aglutina a los empresarios de este país. ¿No tiene nada que decir de este ataque?; ¿es mayor su connivencia con la ideología de la derecha que la defensa de los valores que dice defender?; ¿es distinto este caso al boicot contra el cava catalán del pasado o el que, más allá, protagonizó el PNV de Arzalluz contra el diario El Correo del Grupo Vocento?
No es la primera vez que se produce este silencio clamoroso. Tampoco tuvo nada que decir la patronal cuando el Gobierno de José María Aznar, en su primera legislatura -aquella de la que se dice que fue más moderada-, intentó crear de la nada un grupo de comunicación mediático afín al Gobierno, con el cash-flow de la privatizada Telefónica. Antes de llegar al Ejecutivo, Aznar escribió un libro titulado España: la segunda transición (de aquí sale el concepto), en el que decía: "El Estado (...) debería ser extraordinariamente cuidadoso para no interferir en los procesos productivos, privilegiando a unas empresas o sectores en perjuicio de otras y otros". Poco después, desde La Moncloa, el PP propició la creación de un grupo informativo abanderado por Telefónica (presidida por su amigo de pupitre, Juan Villalonga): compró Antena 3 y agrupó Vía Digital (plataforma de televisión creada por Telefónica), Onda Cero y diversas productoras de cine y televisión.
El experimento fue una ruina desde el punto de vista empresarial. Ante la quiebra de Vía Digital y el daño que sus pérdidas estaban haciendo a las cuentas de la inmensamente rica y casi inagotable Telefónica, la primera tuvo que fusionarse con Canal Satélite Digital (la plataforma del Grupo PRISA contra la que había aparecido la primera), y poco después, Antena 3 y Onda Cero abandonaron el barco de Telefónica para pasar al grupo privado Planeta-Agostini. Luego, el Tribunal Supremo condenó al Gobierno del PP a indemnizar con 26,4 millones de euros a Sogecable (la compañía de televisión del Grupo PRISA) por los perjuicios derivados de la aplicación de un real decreto, primero, y una ley, posterior, que obstaculizaban el funcionamiento de esa empresa. Esta incursión espuria de los intereses políticos partidistas del PP en el mundo de los medios de comunicación terminó en un estrepitoso fracaso muy publicitado por la opinión pública de todo el mundo. ¿Dijo algo la patronal? Entonces, como ahora, nada.
(Soy periodista de EL PAÍS y mínimo accionista de PRISA).