La Comisión lleva a España ante el tribunal europeo por las limitaciones a E.ON
"La Comisión Europea lamenta haber tenido que llevar a España al tribunal por no haber cumplido las dos decisiones que le exigían retirar las limitaciones ilegales a la OPA de E.ON sobre Endesa", manifestó ayer el portavoz de Competencia Jonathan Todd.
El colegio de comisarios acordó ayer llevar a España al Tribunal de la UE, por "no haber suprimido las condiciones ilegales impuestas a la oferta del grupo alemán E.ON para la compra de Endesa".
Algunas de estas condiciones fueron impuestas en julio de 2006 por la Comisión Nacional de la Energía, (CNE), y otras por una decisión del...
"La Comisión Europea lamenta haber tenido que llevar a España al tribunal por no haber cumplido las dos decisiones que le exigían retirar las limitaciones ilegales a la OPA de E.ON sobre Endesa", manifestó ayer el portavoz de Competencia Jonathan Todd.
El colegio de comisarios acordó ayer llevar a España al Tribunal de la UE, por "no haber suprimido las condiciones ilegales impuestas a la oferta del grupo alemán E.ON para la compra de Endesa".
Algunas de estas condiciones fueron impuestas en julio de 2006 por la Comisión Nacional de la Energía, (CNE), y otras por una decisión del Ministerio de Industria el pasado 3 de noviembre. Las condiciones mencionadas fueron declaradas ilegales en virtud del artículo 21 del Reglamento de concentraciones, por las decisiones de la Comisión del 26 de septiembre y 20 de diciembre de 2006. En octubre de 2006 y el pasado 1 de febrero, Bruselas envió sendas cartas de emplazamiento en las que pedía a España que explicara por qué no había retirado la totalidad de las condiciones incompatibles con el derecho comunitario. Las respuestas y explicaciones dadas por las autoridades españolas fueron consideradas insuficientes por las autoridades comunitarias.
A la vista de estos acontecimientos, la Comisión envió el pasado 7 de marzo un dictamen razonado, el segundo paso del procedimiento de infracción, a las autoridades españolas, para que retirara las polémicas condiciones. El plazo para responder fue de sólo siete días. El vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, y el titular de Industria, Joan Clos, han sostenido siempre que las condiciones se habían establecido por criterios de seguridad para garantizar el suministro.
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