El cierre de las emisiones de TV-3 ordenado por Camps llega a Europa
Instituciones valencianas y catalanas critican la decisión
La orden del Gobierno valenciano de cerrar los repetidores de TV-3 en la Comunidad Valenciana ha llegado a Europa. Ayer, Csaba Tabajdl, presidente del Intergrupo de Minorías Nacionales y Lenguas Regionales del Parlamento Europeo, expresó su "preocupación" por una decisión que afecta a la "libertad de expresión". El Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana,
el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) y la Asociación de Escritores en Lengua Catalana también criticaron la decisión.
El Parlamento Europeo criticó la decisión de Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana...
La orden del Gobierno valenciano de cerrar los repetidores de TV-3 en la Comunidad Valenciana ha llegado a Europa. Ayer, Csaba Tabajdl, presidente del Intergrupo de Minorías Nacionales y Lenguas Regionales del Parlamento Europeo, expresó su "preocupación" por una decisión que afecta a la "libertad de expresión". El Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) y la Asociación de Escritores en Lengua Catalana también criticaron la decisión.
El Parlamento Europeo criticó la decisión de Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, de apagar la señal de TV-3. Tabajdl calificó de "deplorable" la decisión del Gobierno autonómico. El presidente del Intergrupo de Minorías Tradicionales Nacionales y Lenguas Regionales aseguró que aunque la decisión responda a un problema legal español, "los principios de libertad de expresión y de respeto a la diversidad cultural y lingüística no pueden verse reducidos por ello".
Esas manifestaciones fueron más tarde respaldadas por Ignasi Guardans, eurodiputado de CiU, quien declaró que "las tensiones y divergencias políticas no tendrían que suponer un motivo para limitar la libertad de expresión de los medios de comunicación". La decisión, firmada desde el pasado enero, se prevé de ejecución inmediata y sobre ella tendrá que pronunciarse un juzgado, ya que los propietarios de los reemisores, Acció Cultural del País Valencià (ACPV), han presentado alegaciones.
Tras la reunión semanal del Gobierno de la Generalitat de Cataluña celebrada ayer, el consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, que ejerció de portavoz del Ejecutivo, recordó que están a la espera de que la Generalitat valenciana responda a la propuesta de "pacto de reciprocidad" que permita a TV-3 seguir emitiendo en Valencia y que en Cataluña se capte la señal de Canal 9. Nadal aseguró que no existe posibilidad de que el Ministerio de Industria intervenga en la polémica "si no es a riesgo de crear un conflicto competencial".
Por su parte, el CAC, reunido ayer en Girona, defendió la continuidad de las emisiones del canal autonómico catalán en una declaración oficial que trasladará a los gobiernos catalán, valenciano y español. El CAC aboga por institucionalizar un pacto de reciprocidad entre Canal 9 y TV-3, aprovechando el proceso de implantación de la TDT. Con eso considera que el servicio público que comparten ambas televisiones se vería "reforzado en beneficio de los ciudadanos de ambas comunidades".
Además de esos pronunciamientos, que coinciden con lo manifestado por el PSPV-PSOE, Esquerra Unida (EU) y el Bloc Nacionalista Valencià, que están presentando mociones en ayuntamientos y diputaciones, otras entidades tanto catalanas como valencianas se han expresado en contra de la suspensión de las emisiones de TV-3, incluido el propio canal autonómico catalán, además de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV), el Colegio de Periodistas de Cataluña, la Asociación de Escritores en Lengua Catalana y el Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana y los departamentos de Filologia Catalana de las universidades de Valencia y Alicante, entre otras.
Por otra parte, la ponencia conjunta de los grupos parlamentarios que negocia la futura ley de la CCRTV acordó ayer inicar el trámite en comisión con el texto base del proyecto aprobado por el Gobierno de Pasqual Maragall en la pasada legislatura, al no haberse llegado a un acuerdo sobre el número de miembros del consejo de administración, que el texto establece en nueve, mientras que CiU reclama que sean 12.