El Supremo acepta una querella contra Cacharro por abono ilegal de dietas

El Tribunal Supremo admitió a trámite una querella de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Lugo contra el presidente de la Diputación luguesa, Francisco Cacharro Pardo, por un presunto abono ilegal de dietas. El también senador popular ya expresó su disposición a declarar voluntariamente ante la sala de lo penal, que ayer designó como instructor al magistrado Julián Sánchez Melgar. Fue el anterior fiscal jefe de la Audiencia luguesa, Jesús María Izaguirre, quien investigó la existencia de autorizaciones de "pagos ilegales" en concepto de dietas por parte de Cacharro.

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El Tribunal Supremo admitió a trámite una querella de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Lugo contra el presidente de la Diputación luguesa, Francisco Cacharro Pardo, por un presunto abono ilegal de dietas. El también senador popular ya expresó su disposición a declarar voluntariamente ante la sala de lo penal, que ayer designó como instructor al magistrado Julián Sánchez Melgar. Fue el anterior fiscal jefe de la Audiencia luguesa, Jesús María Izaguirre, quien investigó la existencia de autorizaciones de "pagos ilegales" en concepto de dietas por parte de Cacharro.

El fiscal, a quien Cacharro realizó constantes reprobaciones durante su estancia en Lugo,

imputa al presidente de la diputación los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Aunque el asunto se tramitó en el Juzgado número tres de la Audiencia de Lugo, el fiscal trasladó una exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por la condición de aforado, de Cacharro Pardo, que es senador. De hecho, la junta de fiscales del Tribunal Supremo aprobó por unanimidad, el pasado mes de febrero, solicitar que se le retire la inmunidad parlamentaria a Cacharro para que pueda ser imputado, atendiendo a la petición del ex fiscal jefe, en lo que ya se conoce como el caso Andina, en alusión a uno de los implicados, el vicepresidente provincial y ex Alcalde de Ribadeo, José Carlos Rodríguez Andina.

Se da la circunstancia de que la titular del juzgado lucense en el que se formalizó la actuación judicial es la misma que instruye la denominada Operación Muralla, que, en mayo de 2006, se saldó con la detención de diez personas, todos en libertad con cargos, y cinco tras depositar una fianza de 18.000 euros. Tres de los imputados en este caso tienen o tuvieron relación funcionarial con la institución que preside Cacharro. Las acusaciones de la fiscalía, en este caso, son las de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos.

Éste fue uno de los mayores desencuentros que tuvo Cacharo con el fiscal Izaguirre al que atribuyó la puesta en marcha de un operativo "desproporcionado, absurdo e interesado" a través de una operación policial, dijo entonces, "con vistas a las próximas elecciones".

Pero Cacharro está tranquilo. Ayer compareció ante los medios y tiró de la ironía para agradecerle a Izaguirre "la oportunidad que me deja para expresar todo ante el Supremo". Y es que el veterano político lucense, con 24 años al frente de la institución y senador constituyente, anunció que tiene previsto acudir a "declarar voluntariamente".

Afirmó que está convencido de que el asunto quede sobreseído. Si no es así, el caso Andina acabará en la Sala Segunda del Supremo. "Se llevarían una gran satisfacción en el Juzgado número 3 de Lugo, porque se quitaban el trabajo de encima", volvió a ironizar Cacharro. En referencia al fiscal, aunque sin citarlo, aseguró que a una situación judicial de este tipo sólo puede llegarse "cuando las cosas se sacan del límite de los cauces del sentido común".

Al contrario que en otras ocasiones, no quiso ver ningún indicio extra judicial en la temporalidad de la resolución. Así, atribuyó la admisión a trámite de la querella a una cuestión de "pura mecánica judicial" y no la vinculó con la proximidad de elecciones. Cacharro, por decisión orgánica del partido en Galicia, no concurrirá a las próximas elecciones municipales.

Defensa de las dietas

El presidente de la Diputación de Lugo volvió a defender el pago de las dietas. Aclaró que no era un pago fijo por asistencia a la diputación, como sostiene la fiscalía, sino una compensación por los gastos derivados de los traslados que realizan los imputados, todos ellos residentes en distintos puntos de la provincia. Además, justificó la necesidad de contar con los vicepresidentes de forma regular para ayudar a "despachar asuntos" desde un punto de vista "meramente administrativo". "Así se lo contaré al Supremo", subrayó, tras lo cual espera que el asunto "no tenga ninguna trascendencia".

Cacharro describió así los motivos de su imputación. Se debe, dijo, "a que el que fue fiscal jefe quizá decidió formular la acusación para conocer mi punto de vista por el pleito que estaba formando contra los vicepresidentes". "Y le agradezco el detalle, el gesto de que yo pueda dar mi versión de los hechos, que, posiblemente va a diferir totalmente de la que dio el fiscal", apostilló.