El fiscal pide cárcel al ex alcalde de Ojén por dos licencias ilegales

El fiscal coordinador de Medio Ambiente de Málaga ha solicitado un año de prisión y doce de inhabilitación especial para el ex alcalde de Ojén (Málaga), Francisco Manuel Vázquez Suárez, del PSOE, por otorgar en 1996 y 1998 licencias de obra para dos viviendas que se levantaron en suelo no urbanizable. El ministerio público le acusa de dos delitos contra la ordenación del territorio y otros dos de prevaricación urbanística por conceder los permisos en sendas sesiones de la comisión de gobierno en junio de 1996 y noviembre de 1998.

El juzgado de lo Penal número 8 de Málaga ya celebró un j...

El fiscal coordinador de Medio Ambiente de Málaga ha solicitado un año de prisión y doce de inhabilitación especial para el ex alcalde de Ojén (Málaga), Francisco Manuel Vázquez Suárez, del PSOE, por otorgar en 1996 y 1998 licencias de obra para dos viviendas que se levantaron en suelo no urbanizable. El ministerio público le acusa de dos delitos contra la ordenación del territorio y otros dos de prevaricación urbanística por conceder los permisos en sendas sesiones de la comisión de gobierno en junio de 1996 y noviembre de 1998.

El juzgado de lo Penal número 8 de Málaga ya celebró un juicio sobre esta causa, que terminó en octubre de 2002 con una sentencia por la que se condenaba al regidor a dos años de prisión y 12 de inhabilitación especial. Sin embargo, la Audiencia Provincial declaró nulo todo el proceso para que se diera entrada en la causa a los titulares de las licencias, dos ciudadanos extranjeros que no han podido ser localizados.

En su nueva calificación, el fiscal pide un año de prisión y doce de inhabilitación para Vázquez y el actual teniente de alcalde Juan Sánchez, que participaron en las dos comisiones de gobierno. Por el contrario, solicita seis meses de prisión y seis años de inhabilitación para otros tres ex ediles, Andrés Gómez, Isabel Sánchez y Juan Monje, que sólo tomaron parte en una de ellas. Todos ellos fueron condenados en la sentencia anulada del juzgado penal.

Las dos viviendas unifamiliares, situadas en la zona del Coto de los Dolores, se construyeron a sabiendas de que la parcela estaba protegida al tratarse de un alcornocal de alto valor ecológico.