El registro de protección de víctimas tiene fichados a 24.000 maltratadores
La Audiencia de Alicante duplica los cursos de rehabilitación ante el aumento de penados
El registro central para la protección de las víctimas de la violencia doméstica tiene fichados, desde 2005 y hasta el 14 de febrero de 2007, la impresionante cifra de 23.983 supuestos maltratadores en la Comunidad Valenciana, según datos del Ministerio de Justicia. Ante la continúa avalancha de condenados, la Audiencia de Alicante se ha visto abocada a duplicar los cursos de rehabilitación de maltratadores. El cupo para 2007 ya ha alcanzado el límite y los condenados comienzan a ser citados para 2008. Valencia y Castellón carecen todavía de este programa específico de reeducación.
Fuen...
El registro central para la protección de las víctimas de la violencia doméstica tiene fichados, desde 2005 y hasta el 14 de febrero de 2007, la impresionante cifra de 23.983 supuestos maltratadores en la Comunidad Valenciana, según datos del Ministerio de Justicia. Ante la continúa avalancha de condenados, la Audiencia de Alicante se ha visto abocada a duplicar los cursos de rehabilitación de maltratadores. El cupo para 2007 ya ha alcanzado el límite y los condenados comienzan a ser citados para 2008. Valencia y Castellón carecen todavía de este programa específico de reeducación.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ CV) anunciaron la firma en breve de un convenio entre el Ministerio de Interior, el TSJ, la Audiencia de Alicante, la Consejería de Justicia y las diputaciones provinciales para la puesta en marcha de programas de reinserción para maltratadores en Valencia y Castellón. El artículo 83 del nuevo Código Penal obliga a los agresores con penas inferiores a dos años por un delito de maltrato y que el juez les ha suspendido la condena por la levedad de la agresión a participar en cursos de rehabilitación. Esta medida no persigue eximir del castigo a los maltratadores, sino que es un programa complementario cuyo incumplimiento podría acarrear la revocación de la suspensión de la condena y, por tanto, el ingreso efectivo en prisión del maltratador.
En caso de reincidencia, los agresores sumarán a su última condena la pena que en su día quedó suspensa. La finalidad es evitar la reiteración delictiva en casos de violencia doméstica pese a que exista el perdón de la víctima. Según datos judiciales, el 40% de los condenados por violencia doméstica suele disfrutar del beneficio de la suspensión de la condena.
Pero pese a que la ley ya lo exige, los órganos judiciales de Alicante son, hasta la fecha, los únicos en la Comunidad Valenciana que disponen de un programa público, financiado por la Generalitat y la Diputación de Alicante, para intentar la reeducación de estos condenados. Unos cursos que desde su puesta en marcha, el 20 de mayo de 2004, están desbordados por el número de asistentes. Tanto es así que el año pasado la Audiencia se vio obligada a redoblar la oferta de cursos [a cada uno asisten una media que oscila entre 30 y 40 condenados, el 95% es hombre]. Uno de los responsables de este programa, Pablo Cuéllar, apunta que ya se han cerrado diez cursos a lo largo de este año en los que, teóricamente, participarán alrededor 300 personas. Pero el imparable aumento del número de condenados por violencia doméstica ha llevado a la Audiencia de Alicante a citar a los encausados para 2008. "Hemos redoblado los esfuerzos, pero de nuevo, las sesiones ya están completas. Veremos si se aumentan los cursos porque el objetivo es que no discurran muchos meses desde una persona es condenada hasta que asiste al programa de reeducación. El objetivo es que se cumpla el espíritu de estos programas de reinserción", añade Cuéllar.
Basándose en los resultados, la efectividad de este programa es evidente, valora Pablo Cuéllar. De un total de 212 agresores que asistió al curso en 2005, sólo dos fue reincidente en el espacio de un año. Un dato a destacar ya que el primer año es el de mayor riesgo, según Cuéllar.
Los datos de todos los agresores
Las cifras por sí solas dan cuenta de la dimensión de la realidad del calificado por algunos sectores sociales como terrorismo doméstico. A fecha del 14 de febrero de 2007, el registro central para la protección de víctimas de la violencia doméstica inscribía a 23.983 agresores (el 15% es mujer). Esta base de datos recoge las denuncias por violencia familiar admitidas a trámite desde que en agosto de 2003, se puso en marcha la orden de protección contra la violencia doméstica. La ley permite a los jueces dictar medidas cautelares urgentes: penales, como el alejamiento con o sin orden de protección; y civiles, como la custodia de los hijos para proteger a las personas agredidas en el ámbito familiar.
El registro central de maltratadores se creó con el propósito de concentrar la información recabada por jueces, fiscales y policía judicial para garantizar la protección a las víctimas. Las cifras de denuncias que incluye el registro se refiere sólo a las admitidas a trámite. El organismo contiene además los datos del agresor (condenado o pendiente de juicio) y de la víctima. La información personal de los imputados por maltrato se suprime cuando la denuncia concluye en una sentencia absolutoria o se archive definitivamente. En caso de condena en firme, la inscripción debe cancelarse cuando prescriben los antecedentes.
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