El Supremo avala un sistema de protección para los enfermos psiquiátricos no declarados
Es un paso más en la protección del patrimonio de los enfermos mentales. La Fiscalía de Valencia ha dictado la novena nota de servicio que insta a los profesionales de cualquier disciplina que tengan conocimiento de la existencia de una persona que pueda estar incapacitada, aunque judicialmente no lo esté, a que lo comunique inmediatamente al ministerio público. De ese modo, la fiscalía podrá poner en marcha los controles sobre el patrimonio de esas personas, vigilar a los cuidadores de hecho y proteger el uso y destino de sus bienes. La fiscalía del Tribunal Supremo ha trasladado la nota de s...
Es un paso más en la protección del patrimonio de los enfermos mentales. La Fiscalía de Valencia ha dictado la novena nota de servicio que insta a los profesionales de cualquier disciplina que tengan conocimiento de la existencia de una persona que pueda estar incapacitada, aunque judicialmente no lo esté, a que lo comunique inmediatamente al ministerio público. De ese modo, la fiscalía podrá poner en marcha los controles sobre el patrimonio de esas personas, vigilar a los cuidadores de hecho y proteger el uso y destino de sus bienes. La fiscalía del Tribunal Supremo ha trasladado la nota de servicio a todas las fiscalías.
La Ley de Enjuiciamiento civil ya establece la obligatoriedad de los funcionarios públicos a dar cuenta de cualquier situación que pueda suponer un riesgo para un enfermo psíquico. E invita a que lo haga cualquier otra persona que lo conozca. Sin embargo, y según la fiscalía de Valencia, ha habido un cumplimiento relajado de ese precepto. Siguiendo con el objetivo de diseñar y activar un sistema que proteja a los enfermos psíquicos en cualquiera de las situaciones que se encuentren, la fiscalía ha dictado una nota de servicio, de obligado cumplimiento. En ella, según explica Gonzalo López Evbri, fiscal coordinador del área de civil de la fiscalía de Valencia, y firma Ricard Cabedo, fiscal jefe de Valencia, aquellos enfermos psíquicos que están en domicilios también pasarán a tener como agente que vele por sus intereses a la fiscalía. Es decir, aquellas personas que no están judicialmente incapacitadas, que son cuidadas por algún familiar o por un tercero, y son víctimas de expolios que acaban en situaciones de desprotección irreversibles.
La fiscalía recuerda que el 50% de las personas mayores de 65 años sufre algún tipo de discapacidad psíquica y sólo un número menor está declaro incapaz y tiene un control judicial de la situación.