Sin soltar bocado
Electoralismo y lucha antiterrorista
LA RUPTURA el pasado 30 de diciembre del alto el fuego de ETA hizo concebir a la gente de buena voluntad la razonable esperanza de un restablecimiento de la unidad de acción entre todas las fuerzas democráticas en la lucha contra el terrorismo. La conmoción social producida por el atentado de Barajas -teñido de sangre por el asesinato de los dos inmigrantes ecuatorianos- envió el nítido mensaje de que los intereses generales de los ciudadanos deberían prevalecer en esta dramática situación sobre los intereses particulares de los partido...
Electoralismo y lucha antiterrorista
El Congreso rechaza una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular para la puesta en marcha del proceso de ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas
LA RUPTURA el pasado 30 de diciembre del alto el fuego de ETA hizo concebir a la gente de buena voluntad la razonable esperanza de un restablecimiento de la unidad de acción entre todas las fuerzas democráticas en la lucha contra el terrorismo. La conmoción social producida por el atentado de Barajas -teñido de sangre por el asesinato de los dos inmigrantes ecuatorianos- envió el nítido mensaje de que los intereses generales de los ciudadanos deberían prevalecer en esta dramática situación sobre los intereses particulares de los partidos que se disputan sus votos. Sin embargo, algunas respuestas a ese requerimiento han sido decepcionantes; lejos de restañar las heridas producidas durante casi tres años de conflictivas relaciones con el Gobierno a propósito de los desacuerdos sobre política antiterrorista, el líder del PP perdió los papeles en el primer debate del Congreso acerca del atentado de Barajas e imputó al presidente Zapatero las responsabilidades últimas del regreso de ETA a la senda del crimen.
El PP parece dispuesto a situar el terrorismo en el epicentro de la lucha por el poder y a no soltar ese bocado electoral pese a las desestabilizadoras consecuencias que la crispación política, la agresividad ideológica y el odio partidista están produciendo en la convivencia diaria de la sociedad española. El PP buscó todo tipo de pretextos para sabotear la manifestación unitaria contra ETA organizada el 13 de enero en Madrid por Comisiones Obreras, UGT y la federación de agrupaciones ecuatorianas. Tres semanas más tarde, en cambio, los dirigentes populares acudirían en tropel a la marcha convocada en el mismo espacio urbano por el Foro Ermua y la AVT para acusar al Gobierno de traición, para culpabilizar al presidente Zapatero de imaginarios pactos ocultos con ETA y para apropiarse de la lucha contra el terrorismo y de los símbolos comunes como bandera de una facción: la vista oral del 11-M iniciada hace diez días pone de relieve que la teoría de la conspiración fabulada por los socios mediáticos del PP -El Mundo y la radio de los obispos- llega hasta el extremo cómico de insinuar que el atentado fue planeado por ETA en connivencia con los socialistas.
El Congreso ha sido escenario esta semana de la votación de la primera de las cinco proposiciones no de ley presentadas por el PP cuya aceptación por el PSOE exige Rajoy como condición sine qua non para revitalizar el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo firmado por socialistas y populares en diciembre de 2000: la puesta en marcha del proceso de ilegalización de EHAK (las siglas en euskera del Partido Comunista de las Tierras Vascas) por el Supremo. La defensa de la proposición -derrotada por 180 votos contra 134- fue encomendada a Ignacio Astarloa, secretario de Estado de Interior cuando EHAK fue inscrito en el registro del departamento sin que se produjese ninguna impugnación bajo su mandato: ¿tan escaso anda de portavoces el banquillo del PP como para verse obligado a recurrir a una persona que pudo pecar de ingenua en el poder o pasarse ahora de recelosa en la oposición?
Las restantes cuatro proposiciones no de ley del PP implican también mociones de extrema desconfianza sobre la política antiterrorista del Gobierno (comportamiento a seguir ante el Tribunal de Estrasburgo, caso Egunkaria, persecución de Batasuna, revocación de la resolución del Congreso). El pasado jueves, el portavoz Zaplana dio un portazo en la Comisión de Seguimiento: el PP regaña al Gobierno por no regresar al Pacto contra el Terrorismo, pero a la vez le impone condiciones de imposible cumplimiento si pretende dar ese paso. Mientras el PP estuvo en el poder, los socialistas fueron leales a las dos cláusulas básicas del acuerdo, y el Ejecutivo de Aznar aplaudió su comportamiento: que la lucha antiterrorista debe ser dirigida por el Gobierno y que los debates sobre terrorismo quedan excluidos "del ámbito de la legítima confrontación política o electoral" entre los partidos. Pero desde que están confinados en la oposición, los populares se muestran dispuestos a cometer cualquier deslealtad -a los vivos, a los muertos y a las víctimas- para ganar las elecciones.