El Consell Escolar apuesta por evitar los guetos en centros públicos

El Consell Escolar acordó ayer por mayoría absoluta -con el voto de los representantes de las asociaciones de padres de centros públicos, alumnos y los sindicatos CC OO, STEPV y Fete-UGT- que el proyecto de decreto de admisión de alumnos en marcha regule "comisiones de escolarización permanentes" para "garantizar la adecuada escolarización del alumnado en todos los centros públicos y concertados, para evitar la creación de guetos".

La enmienda aprobada ayer por el Consell Escolar -cuyos dictámenes aunque no son vinculantes tienen un peso importante por tratarse de acuerdos del máximo ór...

El Consell Escolar acordó ayer por mayoría absoluta -con el voto de los representantes de las asociaciones de padres de centros públicos, alumnos y los sindicatos CC OO, STEPV y Fete-UGT- que el proyecto de decreto de admisión de alumnos en marcha regule "comisiones de escolarización permanentes" para "garantizar la adecuada escolarización del alumnado en todos los centros públicos y concertados, para evitar la creación de guetos".

La consejería regulará los conciertos de bachillerato que aplica 'de facto' desde 2004

La enmienda aprobada ayer por el Consell Escolar -cuyos dictámenes aunque no son vinculantes tienen un peso importante por tratarse de acuerdos del máximo órgano consultivo de la Administración educativa autonómica- viene a dar carta de naturaleza a una de las viejas reivindicaciones de sindicatos y padres desde hace una década. Pero, además, supone un correctivo a las perversiones de matrícula operadas al amparo del primer decreto de admisión de alumnos de 1998 que permitía, entre otras, que por ejemplo en ciudades como Godella -donde la oferta pública de plazas es simbólica- cinco grandes colegios de titularidad eclesiástica o vinculados al Opus hayan gestionado el proceso de matriculación de más de 3.700 plazas concertadas, sin control alguno de la comisión municipal de recepción de solicitudes.

"El dictamen del Consell Escolar pretende que el nuevo decreto garantice las comisiones de escolarización y los medios necesarios para que los centros públicos y concertados (sin menoscabar la libertad de elección de centro) puedan atender a todos los niños en igualdad de condiciones para evitar guetos en ambas redes", resume CC OO. Para el STEPV, "este decreto -el primero que la Administración del PP tendrá que publicar bajo el nuevo marco legislativo de la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE) socialista- supone una primera prueba de fuego para comprobar cómo se desarrolla la nueva ley en una comunidad gobernada por la derecha".

Fete-UGT coincide en que el actual proyecto de decreto "tiene escasas garantías e instrumentos para una escolarización adecuada y equilibrada del alumnado", por lo que "el único instrumento que puede garantizar la escolarización equilibrada de todo el alumnado -y, en especial, de aquel con necesidad de apoyo educativo- pasa por garantizar las comisiones de escolarización" y "una orden que regule con precisión la presentación de datos para evitar fraude".

Entre las enmiendas presentadas, el STEPV pide que "se garantice la oferta suficiente de plazas públicas desde infantil a bachillerato y ciclos formativos". Es decir, los tres tramos no obligatorios, que, sin embargo, ya están prácticamente concertados en la mayoría de centros privados debido al déficit endémico de guarderías e institutos públicos.

Una realidad que ayer, de manera indirecta, confirmó el director general de Enseñanza Josep Vicent Felip al adelantar en la Cadena Ser que la consejería ultima un decreto para extender el concierto al bachillerato en todos los centros concertados. Una operación que en realidad busca dar un sostén jurídico a una fórmula de subvención que la Generalitat implantó de facto el curso 2003-2004, tras una reunión a instancias del Arzobispado de Valencia y de las patronales, y que tiene su reflejo en el Anexo de los Presupuestos anuales del Consell donde se detalla el volumen de conciertos de bachilleratos en colegios de élite, y no sólo en las 16 secciones y centros religiosos que impartían estas enseñanzas desde la Ley General del 1970, como se trató de justificar en 2004.

De hecho, el volumen de gasto en conciertos educativos en la última legislatura de Francisco Camps creció un 46% pasando de 394 millones en 2003 a 577 en 2007, de los cuales este año 40 millones son para conciertos de bachilleratos y CF, según el PSPV.