El Gobierno se reunirá con el PP ante la "situación incierta" de ETA

El Gobierno hará esta semana un nuevo intento de avanzar hacia la unidad con el PP en la lucha antiterrorista, con una reunión preparatoria de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiterrorista. Fuentes del Ejecutivo creen "fundamental" la unidad política de los partidos con el Gobierno ante la "situación incierta" del terrorismo, tras la ruptura del proceso de paz por parte de ETA. El Ejecutivo trabaja sobre varios escenarios, peroel Ministerio del Interior se sitúa en la "peor hipótesis", el regreso de ETA al terrorismo con todas sus consecuencias. "Si posteriormente los hechos desmienten e...

El Gobierno hará esta semana un nuevo intento de avanzar hacia la unidad con el PP en la lucha antiterrorista, con una reunión preparatoria de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiterrorista. Fuentes del Ejecutivo creen "fundamental" la unidad política de los partidos con el Gobierno ante la "situación incierta" del terrorismo, tras la ruptura del proceso de paz por parte de ETA. El Ejecutivo trabaja sobre varios escenarios, peroel Ministerio del Interior se sitúa en la "peor hipótesis", el regreso de ETA al terrorismo con todas sus consecuencias. "Si posteriormente los hechos desmienten esta hipótesis siempre será mejor que lo contrario", añaden fuentes de Interior.

Algunas incertidumbres aparecen vinculadas al calendario judicial. El Tribunal Supremo verá hoy el recurso de amparo presentado por el etarra Iñaki de Juana, en huelga de hambre desde hace 99 días. "Cualquiera que sea la decisión que adopte el tribunal tendrá consecuencias políticas", indican fuentes gubernamentales.

El Gobierno calcula que la decisión del Supremo sobre De Juana tendrá consecuencias políticas

La tendrá en el ámbito de las organizaciones del entorno de ETA, que han anunciado "consecuencias" que no han precisado si la resolución judicial es desfavorable para De Juana. Pero también las tendrá en el PP, que ayer reclamó al tribunal que fuera "contundente" con el "asesino", en palabras de su dirigente vasco Carmelo Barrio. El presidente de la AVT, Francisco Alcaraz, también ha presionado sobre el tribunal al señalar que si la decisión no es contundente la tomará como una afrenta a las víctimas del terrorismo.

El Gobierno, que asegura que respetará la decisión del tribunal "le guste o no le guste", sabe que la huelga de hambre del etarra De Juana, aunque no contó con el aval de la dirección de ETA, "se ha convertido en un elemento distorsionador al ser utilizada como una bandera por parte del entorno de la banda".

Tanto la decisión judicial de hoy como otras, -entre ellas la posible participación de la izquierda abertzale en las elecciones municipales de mayo-, que se irán conociendo en las próximas semanas, y sus reacciones en ETA y su entorno abren un panorama incierto.

En este contexto, el Gobierno se plantea varios escenarios -desde una "violencia contenida" por parte de ETA, como sucedió desde agosto hasta la ruptura del proceso de paz, el 30 de diciembre, hasta el "terrorismo puro y duro"-, pero no se decanta por ninguno. Sin embargo, el Ministerio del Interior se cubre trabajando en "la peor de las hipótesis" y, por tanto, "sin bajar la guardia ni un minuto".

En este contexto, el Gobierno considera "fundamental", en el terreno político, recuperar la unidad de los partidos contra el terrorismo. "Si unimos nuestras fuerzas contra el terrorismo, como siempre hemos hecho, seremos más fuertes y evitaremos que ETA pueda, con sus presiones, influir en la política de este país", señalan fuentes gubernamentales.

El Gobierno intentará esta misma semana celebrar la reunión preparatoria de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiterrorista, que comparte con el PP. La pasada semana se aplazó por la tensión suscitada entre el Gobierno y el PP por la manifestación del 3 de febrero, reconvertida en una marcha contra el Ejecutivo, y la dura reacción de los populares por el nombramiento de Mariano Fernández Bermejo como ministro de Justicia.

El Ejecutivo mantiene la vigencia del articulado de dicho pacto -la política antiterrorista no debe ser objeto de polémica partidista; debe ser dirigida por el Gobierno y la paz no debe tener un precio político- y cree que sobre esa base es posible recuperar la unidad con el PP.

El Gobierno está dispuesto a debatir con el PP en la Comisión de Seguimiento del Pacto todas las cuestiones que este partido plantee, como la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas. Lo único que no acepta es que "el PP imponga la aceptación previa de sus planteamientos" para reunir la Comisión de Seguimiento del Pacto.

También insiste en ampliar el compromiso contra el terrorismo a otros partidos por el cambio producido desde que se suscribió el Pacto Antiterrorista en diciembre de 2000 hasta hoy. Este cambio afecta, especialmente, al PNV. Desde que lo preside Josu Jon Imaz, hace dos años, exige a ETA el cese previo y definitivo de la violencia para llegar a compromisos políticos.

En este sentido, Izquierda Unida trabaja en un borrador de acuerdo contra el terrorismo, que tiene como referencia el Pacto de Madrid, de noviembre de 1986, que comprometió a la unidad de todos los partidos. Gaspar Llamazares, coordinador de IU, estima que una actualización del Pacto de Madrid debía recoger aspectos como "la actuación del Estado de derecho frente a ETA; la solidaridad con las víctimas del terrorismo; la coordinación con las instituciones vascas y la exigencia a ETA del cese definitivo del terrorismo".