En defensa de nuestras cuestiones
Para la primera cuestión que me gustaría plantear, creo que es bueno empezar haciendo algo de memoria. Seguro que, esforzándonos un poco, todos recordamos la reforma legislativa de 2003 por la que el Gobierno de Aznar buscaba meter en la cárcel a todo el que pretendiera convocar un referéndum que no estuviera previsto en el ordenamiento jurídico vigente. Siguiendo el hilo de la memoria, recordaremos que con el cambio de Gobierno tras las elecciones generales del 14 de marzo de 2004 aquello quedó derogado. A partir de entonces, nadie pensaba ya seriamente en la posibilidad de meter a nadie en l...
Para la primera cuestión que me gustaría plantear, creo que es bueno empezar haciendo algo de memoria. Seguro que, esforzándonos un poco, todos recordamos la reforma legislativa de 2003 por la que el Gobierno de Aznar buscaba meter en la cárcel a todo el que pretendiera convocar un referéndum que no estuviera previsto en el ordenamiento jurídico vigente. Siguiendo el hilo de la memoria, recordaremos que con el cambio de Gobierno tras las elecciones generales del 14 de marzo de 2004 aquello quedó derogado. A partir de entonces, nadie pensaba ya seriamente en la posibilidad de meter a nadie en la cárcel por política. Tampoco a Rajoy, cuando a éste le dio por recorrerse España recogiendo firmas para organizar un referéndum nacional sobre un Estatuto, el catalán, de estricta índole autonómica. Con tales precedentes, no deja de resultar curioso que hoy, algún tiempo después, el Partido Popular siga pretendiendo, junto al Foro de Ermua, meter en la cárcel a todo aquel que, en algo relacionado con las cuestiones vascas, opine distinto a lo que ellos opinan hoy y estrictamente hoy, porque es de suponer que el famoso "he autorizado contactos con el MLNV" del presidente Aznar se les olvidó el día exacto en que pensaron actuar penalmente contra algunos políticos vascos.
Es curioso que, para su defensa, el 'lehendakari' necesite los argumentos de un tribunal que pretendió desactivar
La denuncia del PP y la querella del Foro de Ermua contra Patxi López y Rodolfo Ares e Ibarretxe, pretenden encontrar un delito de desobediencia al Tribunal Supremo a consecuencia de las diferentes reuniones mantenidas, entre unos y otros, con Arnaldo Otegi. Curioso que querellantes y denunciantes olviden que el Tribunal Supremo archivó ya, al no encontrar delito alguno, una querella interpuesta por el sindicato Manos Limpias contra el presidente del Gobierno, el secretario de Organización del PSOE y el secretario de Organización del PSE-EE por la reunión de los socialistas vascos con Arnaldo Otegi de 6 de julio en San Sebastián.
Estaría bien que querellantes y denunciantes entendieran de una vez que no se puede ir por la vida pretendiendo meter en la cárcel a todo el que opina distinto a ellos.
En la segunda cuestión, creo hay que esforzarse un poco más. Por mucho que uno lo intenta, no deja de sorprenderle que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) admitiera a trámite dichas acciones contra Ibarretxe y contra los dirigentes del PSE, Patxi López y Rodolfo Ares por un presunto delito de desobediencia al Tribunal Supremo a consecuencia de las distintas reuniones mantenidas con Otegi. ¿No se acordará esta Sala del TSJPV que cuando el Tribunal Supremo archivó la querella de Manos Limpias, consideró que son las instituciones políticas las que deben controlar la acción política y que intentar condicionar ésta mediante actuaciones penales en los tribunales suponía un fraude constitucional?
La cuestión es permanentemente la misma, ¿Qué hace el TSJPV haciendo desfilar a Ibarretxe y manteniendo admitidas a trámite acciones contra Patxi López que el Tribunal Supremo ya ha desestimado en casos similares, a la vez que considerado fraude constitucional? ¿Una batalla contra el Tribunal Supremo a costa de tres políticos? ¿Una batalla contra tres políticos a costa del Tribunal Supremo? ¿O una batalla contra la imagen de los jueces a costa de sí mismos? Lo cierto es que, si no fuera tan grave, sería hasta interesante.
Tan interesante como la tremenda curiosidad que suscita la tercera cuestión: la imagen del lehendakari entrando a declarar y la manifestación de dos días antes para la defensa de nuestras instituciones. Me pregunto qué pensaría el lehendakari en el momento de entrar por la puerta del Palacio de Justicia. Seguro que, entre el calor de su gente, tuvo un minuto para su famoso Plan Ibarretxe. Aquel que rechazaba la existencia del Tribunal Supremo como última instancia jurisdiccional. Aquel que buscaba que las sucesivas instancias procesales, incluidos los recursos de casación, se agotaran ante ese Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que ahora le llamaba a declarar. Curioso que, para su defensa, el lehendakari necesite ahora los argumentos de un tribunal que con su propio Plan él mismo pretendió desactivar hace dos años. Tan curioso como que, dos días antes, los tres partidos que aprobaron en el Parlamento vasco aquel proyecto que pretendía derribar el Estatuto de Autonomía -legitimidad jurídica de nuestro sistema institucional-, buscaran defenderse del "acoso judicial" apelando a las instituciones que emanan precisamente de lo que ellos mismos pretendieron derribar. Ellos, los que planearon acabar con la fuente que legitima nuestro modelo -nuestras instituciones sólo existen porque el Estatuto de Gernika las contempla-, son los que luego apelan a ellas para defenderse del "acoso de los jueces".
Algunos de nosotros comprendemos que todo esto les venga bien para medio arreglar averías internas, recuperar algunos protagonismos perdidos y comenzar una campaña electoral por el sitio de toda la vida: prietas las filas porque "nos atacan". Pero, más allá de lo evidente, estaría bien que se nos facilitaran un manual -con cargo al presupuesto de Lehendakaritza, por supuesto- que nos explicara cuáles son las instituciones que valen y cuáles las que no -¿siendo el TSJPV una institución vasca en el famoso Plan Ibarretxe, lo era también en la manifestación del tripartito o ya no?-. Así, podrían explicarnos de paso, cuándo conviene la puesta en valor de lo que se deriva y emana del Estatuto de Gernika y cuándo no; cuándo conviene pedir su defensa y cuándo aprobar proyectos para terminar con él.
Aparentemente, podría ser que con todo esto parecieran hasta incoherentes. Y, sin embargo, sabemos que bajo su barniz estético de siempre, todo coincide. Eso es lo grave.
Eduardo Madina es secretario de Estudios Políticos del Partido Socialista de Euskadi.