El segundo problema más preocupante

El acceso a la vivienda se ha asentado en las últimas encuestas como el problema que más preocupa a los andaluces, tan sólo superado por el paro. Una estadística que responde a la imposibilidad de decenas de miles de jóvenes, parados y personas con rentas medias y bajas para alquilar o comprar una vivienda que responda a sus necesidades o incluso, en ocasiones, que reúna condiciones básicas de dignidad. Ante este escenario, las administraciones públicas se han sumergido en un debate sobre las medidas que habría que aplicar para sacar al mercado el más de medio millón de viviendas vacías que ha...

El acceso a la vivienda se ha asentado en las últimas encuestas como el problema que más preocupa a los andaluces, tan sólo superado por el paro. Una estadística que responde a la imposibilidad de decenas de miles de jóvenes, parados y personas con rentas medias y bajas para alquilar o comprar una vivienda que responda a sus necesidades o incluso, en ocasiones, que reúna condiciones básicas de dignidad. Ante este escenario, las administraciones públicas se han sumergido en un debate sobre las medidas que habría que aplicar para sacar al mercado el más de medio millón de viviendas vacías que hay en Andalucía, sobre todo después de la propuesta que estudian aplicar los Gobiernos del País Vasco y Cataluña de gravar con nueve euros diarios estas viviendas.

La Junta se apresuró en rechazar esta iniciativa. La consejera de Obras Públicas y Transportes, Concepción Gutiérrez, abogó por "promover incentivos fiscales" antes que "medidas sancionadoras". Sin embargo, los responsables de urbanismo y vivienda de los ayuntamientos de Sevilla (PSOE), Cádiz (PP) y Córdoba (IU) lamentan no disponer de mecanismos impositivos ni potestad sancionadora para que esta bolsa de viviendas salga al mercado inmobiliario.

El más vehemente es el delegado de Urbanismo hispalense, Emilio Carrillo, quien lamenta que los consistorios no puedan expropiar ni obligar a la venta forzosa. "Deberíamos tener instrumentos jurídicos para poder expropiar pisos desocupados que se pueda comprobar que están vacíos por razones especulativas. Estamos hablando de promociones enteras que están siendo adquiridas por grupos financieros y empresariales muy potentes con el objetivo simplemente especulativo", afirma.

En términos igualmente críticos se pronuncia Juan José Ortiz, concejal de Vivienda de Cádiz, quien espera que el Gobierno central desarrolle el reglamento que determine "el concepto" de vivienda vacía para que los municipios puedan gravar un 50% el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a sus propietarios -posibilidad que establece la Ley Reguladora de Haciendas Locales-. Así las cosas, añade: "Con el nulo margen jurídico de maniobra que tenemos para actuar, lo que si hemos hecho es inspeccionar viviendas para ver su situación de ocupación y dar traslado a la Junta, competente en dicha materia, para que se actúe en consecuencia".

Para Andrés Ocaña, teniente de alcalde de Urbanismo de Córdoba, la mejor medida que pueden aplicar los municipios es subvencionar a los propietarios con rebajas en el IBI: "Sería una buena fórmula para que los dueños de pisos los alquilen con rentas al alcance del conjunto de la población porque se trata de un bien necesario".

Desahucios e inquilinos

El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Cádiz, Ángel Núñez, prefiere también los incentivos fiscales ante la indefinición existente sobre las viviendas vacías. "¿Cómo se definen las casas desocupadas? ¿Quién establece la función que cumplen estos pisos? Las respuestas son jurídicamente muy complicadas por lo que soy muy escéptico sobre el resultado de gravar los pisos", afirma Núñez, quien hace autocrítica con el sistema judicial y propone como solución "agilizar" las medidas y procesos judiciales ante desahucios y contra inquilinos que no pagan los alquileres.

De la misma opinión participa Manolo Sillero, gerente de la Asociación Empresarial Sevillana de Constructores y Promotores de Obras Gaesco. "Necesitamos un marco jurídico suficientemente garante para los propietarios que no tienen capacidad de echar a inquilinos que dan problemas. Es imprescindible que en dos o tres meses puedan resolverse estos litigios y los inquilinos que no pagan o no cumplan los contratos tengan que abandonar los pisos", afirma el gerente de la Asociación Empresarial Sevillana de Constructores y Promotores de Obras Gaesco.