Conflictos urbanísticos

La corrupción de los impecables

"Si me advierten que han detenido a un alcalde del PP en Málaga por un tema urbanístico, Juan Martín Serón hubiera sido uno de los últimos nombres que habría dicho". Esto decía un dirigente del PP en privado tras la detención del alcalde de Alhaurín el Grande y su concejal de Urbanismo. Si la justicia determina que Martín Serón exigió dinero a cambio de favores urbanísticos, se confirmará que teníamos un gravísimo problema con la corrupción política, pero también que el problema es mucho mayor que el que vislumbrábamos. Además quedará atestiguado el escaso control de los partidos sobre sus car...

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"Si me advierten que han detenido a un alcalde del PP en Málaga por un tema urbanístico, Juan Martín Serón hubiera sido uno de los últimos nombres que habría dicho". Esto decía un dirigente del PP en privado tras la detención del alcalde de Alhaurín el Grande y su concejal de Urbanismo. Si la justicia determina que Martín Serón exigió dinero a cambio de favores urbanísticos, se confirmará que teníamos un gravísimo problema con la corrupción política, pero también que el problema es mucho mayor que el que vislumbrábamos. Además quedará atestiguado el escaso control de los partidos sobre sus cargos, y un hecho preocupante: una persona puede hacer una carrera meteórica en un partido sin que sus dirigentes se enteren de la misa la mitad, como habrá ocurrido en este caso. El alcalde afectado es diputado, miembro de la ejecutiva provincial y regional de su partido, y la persona propuesta por el PP, el día antes de su detención, para ocupar un puesto de consejero en la primera entidad de ahorro de Andalucía. Una hora antes de ser aprehendido compartía la mesa presidencial con Mariano Rajoy, sentado justo enfrente del líder nacional en un acto que pretendía simbolizar el rechazo del PP a la corrupción urbanística.

Si se confirma este insoportable futurible, habrá que echarse a temblar. Si queda constatada la culpabilidad de Martín Serón -inocente hasta que no se demuestre lo contrario-, ni un solo partido estará en condiciones de asegurar que no tiene un corrupto de apariencia irreprochable sentando en una alcaldía. La corrupción urbanística dejará de ser un problema puntual; una consecuencia de la escasa financiación de los ayuntamientos; algo que afecta a cuatro desalmados que lideran candidaturas independientes; y los casos aislados adquirirán ya la dimensión de un continente. Desde ese día, no quedarán más excusas. Y en política nadie podrá ya poner la mano en el fuego por nadie, por lo que será cada día más insufrible escuchar a los propios políticos decir que se está criminalizando el urbanismo, o eso otro de qué flaco favor se le hace al sistema democrático sembrando la desconfianza sobre los alcaldes.

Pero además, a partir de entonces, será todavía más intolerable que los partidos se sorprendan. Como ocurre ahora con los dirigentes del PP. O como le ocurrió entonces al PSOE con Isabel García Marcos, a IU con el alcalde de Camas, o al PA con tantos otros. El problema no será que haya alcaldes y concejales corruptos; el problema será mayor. Una sentencia condenatoria certificará que el poder del que se ha dotado a los alcaldes, que presiden la administración pública más cercana al ciudadano, no tiene contrapesos. Ni desde las instituciones ni, mucho menos, desde sus propios partidos. Una condena dejaría acreditado que en el sistema no existen suficientes mecanismos de control para impedir las prácticas de corrupción de quienes han sido elegidos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pero que sólo terminan mejorando el saldo de su cuenta corriente. Y atestiguará que en los partidos importa tan poco la ética como la estética, ya que todo vale para ganar unas elecciones.

Habrá que confiar en que Martín Serón sea inocente, ya que de lo contrario iniciamos una nueva fase. La de la corrupción de los impecables. Ese tipo de dirigentes por el que los partidos son capaces de poner la mano en el fuego, mientras él la mete en la caja; o por los que sus vecinos son capaces de pagar una fianza, mientras él se garantiza la jubilación. A la espera de que la justicia actúe, malos augurios tenemos. Incluso siendo benevolentes e intentando comprender la situación que estaba pasando el alcalde de Alhaurín el Grande, sus declaraciones a la salida del juzgado -imputado y en libertad bajo fianza de 100.000 euros- son para preocuparse. Sus palabras sonaron idénticas a las que pronunciaba Jesús Gil cada vez que salía de un juzgado. Y todo el mundo sabe a estas alturas lo que vino después. Martín Serón podrá ser declarado inocente de cohecho y de prevaricación, pero ni ética ni estéticamente está resultando un dirigente impecable. El PP hace mal en permanecer callado. Al tiempo.

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