El fiscal denuncia a dos constructoras por no paralizar obras ilegales en Marbella
La Fiscalía de Málaga ha denunciado por desobediencia a dos constructoras por no paralizar las obras que estaban ejecutando en Marbella (Málaga) pese a la orden de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Tras las pertinentes investigaciones, el fiscal encargado del caso ha acordado denunciar a las dos constructoras a las que se les ordenó en 2004 paralizar unas obras que habían iniciado en la zona conocida como Elviria Sur.
Las licencias fueron concedidas por el disuelto Ayuntamiento marbellí pero la Junta de Andalucía impugnó los permisos y pidi...
La Fiscalía de Málaga ha denunciado por desobediencia a dos constructoras por no paralizar las obras que estaban ejecutando en Marbella (Málaga) pese a la orden de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Tras las pertinentes investigaciones, el fiscal encargado del caso ha acordado denunciar a las dos constructoras a las que se les ordenó en 2004 paralizar unas obras que habían iniciado en la zona conocida como Elviria Sur.
Las licencias fueron concedidas por el disuelto Ayuntamiento marbellí pero la Junta de Andalucía impugnó los permisos y pidió al Tribunal de lo Contencioso del TSJA que las paralizara. Pese a que la primera orden de paralización se comunicó en el 2004, hasta mayo de 2006 ninguna de las dos empresas decidieron detener sus trabajos, por lo que la Fiscalía entiende que han incurrido en un delito de desobediencia.
Para la Sala de lo Contencioso del TSJA, la suspensión cautelar de las obras cuya licencia haya sido impugnada previamente es una garantía tanto para el cumplimiento de la legalidad como para los propios compradores de las viviendas. Así se recoge en una reciente sentencia en la que el alto tribunal andaluz revocó la decisión de un juzgado de no paralizar una promoción de 58 viviendas en Marbella impugnada por no ajustarse al plan urbanístico.
Esta doctrina sobre las suspensiones de obras supone un cambio sustancial del TSJA, que hasta el año 2003 denegaba sistemáticamente las suspensiones cautelares de construcciones con licencias impugnadas, lo que permitió que muchas obras ilegales fueran terminadas y las viviendas fueran vendidas. Sobre algunas de estas casas pesan ahora peticiones de demolición.
La comisión gestora que gobierna Marbella tras la disolución del ayuntamiento como consecuencia de la operación Malaya contra la corrupción municipal ha dictado en ocho meses un total de 246 órdenes de suspensión de obras ilegales.