Suspensión con fraude
Que la Audiencia Nacional vaya a investigar el posible fraude contra los viajeros cometido por Air Madrid es una gran noticia. Resulta que son decenas de miles los afectados por la insólita decisión de la empresa de suspender sus actividades, antes de que el Ministerio de Fomento decidiera retirar su certificación de vuelo por las numerosas irregularidades, incumplimientos y abusos contra los usuarios perpetrados por la línea aérea. Cabe la sospecha razonable de que la compañía estuviese vendiendo billetes cuando ya sabía que suspendería los vuelos, circunstancia fraudulenta. No es, por supues...
Que la Audiencia Nacional vaya a investigar el posible fraude contra los viajeros cometido por Air Madrid es una gran noticia. Resulta que son decenas de miles los afectados por la insólita decisión de la empresa de suspender sus actividades, antes de que el Ministerio de Fomento decidiera retirar su certificación de vuelo por las numerosas irregularidades, incumplimientos y abusos contra los usuarios perpetrados por la línea aérea. Cabe la sospecha razonable de que la compañía estuviese vendiendo billetes cuando ya sabía que suspendería los vuelos, circunstancia fraudulenta. No es, por supuesto, el único perjuicio causado. Queda por ver si una compañía que se beneficia de la explotación de una concesión puede suspender unilateralmente ese servicio, suspensión que obligó al Gobierno a costear vuelos para rescatar a los usuarios abandonados en los aeropuertos.
Quede constancia, pues, de que tanto la Administración como los viajeros afectados por el infame autocierre de Air Madrid tienen perfecto derecho a reclamar las compensaciones que correspondan, y que deberán pagar, si así lo establece la ley, los propietarios de la compañía; sin mencionar a los trabajadores de la empresa, que pagarán también las consecuencias indeseadas del cierre.
Pero es que, además, una información de la cadena SER indica que el presidente de Air Madrid, José Luis Carrillo, se reunió con el ex portavoz de José María Aznar durante su primera legislatura, Miguel Ángel Rodríguez, el día anterior a la suspensión, y que en esa reunión se decidió adelantarse a la decisión de Fomento, cerrar la compañía y cargar al Gobierno con los costes políticos y sociales de tal decisión mediante una campaña organizada desde los medios de comunicación afines al Partido Popular. Corresponde al presidente de Air Madrid aclarar los términos de tal reunión, pues estaríamos ante un caso de manipulación de la opinión pública, a costa de los bolsillos de miles de trabajadores y de las arcas públicas. Una auténtica conspiración de altos vuelos.