El espíritu de la realidad
Con su aprobación por el Senado, ya es definitivo el texto de la propuesta de nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía sobre la que los andaluces tendremos que pronunciarnos en referéndum el próximo 25 de febrero. Hasta este momento, a pesar de que ya se ha difundido alguna que otra publicación oficial, el Estatuto podía haber sufrido nuevas enmiendas, como las que sufrió con ocasión del trámite parlamentario ante el Congreso de los Diputados.
Efectivamente, el Estatuto de Andalucía que salió del Congreso no es, ni mucho menos, el que se le envió desde el Parlamento de Andalucía. A Madr...
Con su aprobación por el Senado, ya es definitivo el texto de la propuesta de nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía sobre la que los andaluces tendremos que pronunciarnos en referéndum el próximo 25 de febrero. Hasta este momento, a pesar de que ya se ha difundido alguna que otra publicación oficial, el Estatuto podía haber sufrido nuevas enmiendas, como las que sufrió con ocasión del trámite parlamentario ante el Congreso de los Diputados.
Efectivamente, el Estatuto de Andalucía que salió del Congreso no es, ni mucho menos, el que se le envió desde el Parlamento de Andalucía. A Madrid se envió un texto mucho más autonomista, donde Andalucía asumía más competencias, que quedaban mejor garantizadas frente a cualquier posible invasión estatal. El presidente de la Comisión Constitucional del Congreso diría que han cepillado el Estatuto, y lo han hecho a fondo.
En el terreno de las competencias, Andalucía ha perdido la competencia sobre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir como organismo, quedándose tan sólo con la competencia sobre las aguas del río que no afecten a otra comunidad. Ha perdido la posibilidad de tener una policía autonómica con carácter integral, equivalente a las de Navarra, Cataluña o El País Vasco. Se ha quedado también sin la gestión de las tierras propiedad del Estado en Andalucía y ha desparecido la polémica referencia a la transferencia por el Estado, a través de leyes de las previstas en el art. 150.2 CE, de competencias sobre puertos y aeropuertos, tráfico y museos. Se reducen las competencias andaluzas en materias tan variadas como la protección de datos, la administración de justicia, la seguridad privada, las consultas populares. Más allá, se suprimen las garantías destinadas a que la legislación básica estatal no pueda ir más allá del mínimo común normativo requerido en todo el territorio nacional.
Sin embargo, no son todos estos recortes los que han llevado al principal partido de la oposición a apoyar el nuevo texto que sale del Congreso. Atentos a otros debates, desde ese partido se han contentado con trufar el texto estatutario, hasta lo farragoso, de referencias a la unidad de España y a la Constitución que nada aportan desde el punto de vista jurídico y resultaban desde el punto de vista técnico absolutamente prescindibles.
El escollo de la alusión que hace el preámbulo a Andalucía como realidad nacional, se ha salvado con una frase alambicada y ambigua que viene a decir que el proceso andaluza de autogobierno recoge el espíritu de la realidad nacional de Andalucía. Parece que ahí, el esfuerzo legislativo ha venido guiado por la idea de "cuanto menos se entienda, más consenso hay".
Todo sea para bien si, pese a tanta deficiencia, pese a tanto pacto de lo absurdo, se consigue el consenso suficiente en torno a algo que sin duda excede el ámbito propio de Andalucía. Si este Estatuto de Autonomía de Andalucía se aprueba en referéndum y entra en vigor, el sistema político territorial español habrá dado un paso irreversible hacia el federalismo más homologado. Las bases teóricas del nuevo reparto competencial estatutario son, al igual que las del Estatuto catalán, propias de un estado federal. El Estatuto andaluz, sin embargo, se aprobará por consenso y sin las objeciones que se realizaron al catalán. Por eso abre una vía que, sin duda alguna, va a seguir más pronto que tarde todo el resto de Comunidades Autónomas. Con ello todos estaremos dando un paso trascendental hacia la solución de los problemas de configuración territorial que lleva tanto tiempo arrastrando España. Si esa misión requiere aceptar el espíritu de la realidad, no parece que sea un precio excesivo.
Joaquín Urías es profesor de Derecho Constitucional