Impune por pegar acompañado
La familia de un menor golpeado en un centro es condenada a pagar a los letrados de los acusados aunque uno era culpable
A Younes C., un marroquí interno en el centro de reforma Renasco (Madrid), le dieron un puñetazo en el ojo izquierdo. En su dormitorio. Era julio de 2002 y el chico tenía 16 años. El autor fue o un educador o un vigilante de seguridad del reformatorio, según han asegurado los tribunales. Las fotos de entonces muestran al chico con el ojo amoratado, golpes en los brazos, el cuello y la espalda.
El informe forense ratificó que tenía numerosas erosiones en el cuerpo y varios hematomas. Sin embargo, los cinco acusados, dos educadores y tres vigilantes, fueron absueltos. La Audiencia Provinc...
A Younes C., un marroquí interno en el centro de reforma Renasco (Madrid), le dieron un puñetazo en el ojo izquierdo. En su dormitorio. Era julio de 2002 y el chico tenía 16 años. El autor fue o un educador o un vigilante de seguridad del reformatorio, según han asegurado los tribunales. Las fotos de entonces muestran al chico con el ojo amoratado, golpes en los brazos, el cuello y la espalda.
El informe forense ratificó que tenía numerosas erosiones en el cuerpo y varios hematomas. Sin embargo, los cinco acusados, dos educadores y tres vigilantes, fueron absueltos. La Audiencia Provincial de Madrid determinó que resultaba "evidente" que alguno de los cinco se había "excedido" en su labor y había realizado actos "que no entran dentro del concepto de reducción sino en el de agresión, cual es el propinar un golpe en el ojo del denunciante". A pesar de reconocer la agresión, la Sala indicó que había problemas para "decidir cuál de los cinco acusados" había propinado tal "golpe". Así que los absolvieron a todos.
La audiencia consideró "evidente" que el golpe en el ojo constituía una agresión
La familia de Younes y la asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes de Madrid recurrieron la sentencia ante el Supremo. Para que la agresión no quedara impune. La casación no es una segunda instancia penal, en la que se vuelven a valorar las pruebas, sino que es un recurso estricto y muy tasado.
El Alto Tribunal no lo admitió a trámite y no entró en el fondo del asunto. La consecuencia inmediata de la inadmisión es que las costas procesales, más de 10.000 euros, las tienen que abonar ahora los padres de Younes y la Coordinadora de Barrios. Tienen que pagar a los abogados de los cinco acusados, a pesar de que los propios jueces han afirmado que uno de ellos era culpable de haber agredido injustificadamente a un chico privado de libertad. Y a pesar incluso de que uno de los acusados declaró en la instrucción que otro, Raúl Castillo, había había mantenido una actitud "muy agresiva, fuera de lo normal".
La sentencia afirma que las contusiones que tenía el chico pudieron ser causadas por un forcejeo, y que el uso de la "fuerza física" puede ser necesario para "reducir a un sujeto que se halla en una actitud sumamente agresiva". Sin embargo, eran cinco adultos reduciendo a un menor, que acabó lleno de lesiones. Lo que de ningún modo tenía justificación, según los magistrados, era el puñetazo en el ojo.
Younes tiene ahora 20 años. Está libre y sólo quiere olvidarse de este episodio. Sus padres seguramente no pagarán la parte que les corresponde de las costas. Son beneficiarios de justicia gratuita, por lo que se les ha aplazado el pago. "Es paradójico que, mientras la Audiencia ha dicho que uno de los cinco acusados golpeó a su hijo injustificadamente encima tengan que pagarle el abogado", indica Patricia Fernández, abogada de la Coordinadora de Barrios. Si sólo uno participó en la agresión, ¿por qué los otros no lo denunciaron? Se han encubierto los unos a los otros".
Hace unas semanas un grupo de ciudadanos reunió 1.100 euros para ayudar a la familia de Younes. El resto lo pagó la Coordinadora de Barrios. Ahora están esperando a ver si el Instituto Madrileño del Menor y la Familia se pone en contacto la familia para indemnizarles. "Aunque no haya responsabilidad penal, hay una sentencia que dice que ha habido malos tratos" explica la abogada Fernández. "Hay responsabilidad patrimonial de la Administración que tenía al chico a su cargo mientras estaba privado de libertad".