Obstrucción a la justicia

El arrollador alarde de obra pública y la recalificación masiva de suelo rural llevadas a cabo bajo el mandato de Jaume Matas ha confundido a los mallorquines hasta hacerles perder la débil confianza puesta en la acción de la Justicia.

Pero la inesperada detención del director general de Ordenación del Territorio del Gobierno balear y del alcalde de Andratx los ha sorprendido y les ha hecho concebir la esperanza de no volver a ser nunca más la única autonomía española exenta de tutela judicial.

La orden de prisión dictada por el juez contra los cómplices de la corrupción urbaníst...

El arrollador alarde de obra pública y la recalificación masiva de suelo rural llevadas a cabo bajo el mandato de Jaume Matas ha confundido a los mallorquines hasta hacerles perder la débil confianza puesta en la acción de la Justicia.

Pero la inesperada detención del director general de Ordenación del Territorio del Gobierno balear y del alcalde de Andratx los ha sorprendido y les ha hecho concebir la esperanza de no volver a ser nunca más la única autonomía española exenta de tutela judicial.

La orden de prisión dictada por el juez contra los cómplices de la corrupción urbanística detenidos por la Guardia Civil se ha visto empañada, sin embargo, por la más insólita y descomunal injerencia que un cargo público ha tenido el atrevimiento de cometer.

Poniéndose al frente de los periodistas y convocando a las cámaras de televisión que quisieran grabar sus declaraciones, el presidente balear y destacado miembro del Partido Popular, Jaume Matas, anunció a los cuatro vientos haber recibido una llamada anónima alertándole contra la actuación de la Fiscalía Anticorrupción.

Si ya es extraño que un presidente con vocación de hombre de Estado -como asegura de él Zaplana- confiera semejante autoridad a una llamada telefónica anónima, más raro parece que interprete como una señal de alerta los planes de la fiscalía. Pero más allá de los delatores lapsus del lenguaje, lo que ha desconcertado a la opinión pública es ver y oír a un cargo electo avisar a los delincuentes que en los Ayuntamientos isleños están en condiciones de temer la acción judicial.

Pues una de dos, o Jaume Matas presta crédito a los telefonazos anónimos y con la discreción propia de su cargo se apresura a ponerlos en conocimiento de la policía y de los jueces; o los desprecia y se calla, en lugar de pregonarlos en rueda de prensa oficial.

La desfachatez con que se ha escenificado la declaración de Jaume Matas ha impedido valorar de lo que podría ser considerado un acto de obstrucción a la justicia llevado a cabo desde la presidencia del Gobierno autónomo balear pero ha permitido confirmar la desenvoltura con que se maneja el hombre que salió indemne de sus dos anteriores citas con la Justicia.

Salió indemne del triste caso Bitel, cuando el fallecido diputado socialista Francisco Quetglas vio desestimada su denuncia por el espionaje que se le hizo desde la presidencia del Gobierno autónomo. Salió también indemne del penoso caso Mapau, cuando las graves irregularidades cometidas para alterar el resultado de las elecciones autonómicas en Formentera recomendaban su procesamiento.

Ahora, Jaume Matas reclama, en la misma rueda de prensa, una audiencia urgente con el fiscal del Estado, Cándido Conde-Pumpido. ¿Para qué?