Roca niega su participación en el convenio del consistorio de Marbella con el hotel Guadalpín
Una comunidad de propietarios denunció el exceso de edificabilidad del establecimiento
El ex asesor de urbanismo y supuesto cerebro de la red de corrupción desarticulada en Marbella, Juan Antonio Roca, rechazó ayer que interviniera en la aprobación del convenio de edificación del hotel de cinco estrellas Guadalpín, ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de Marbella, Miguel Ángel Navarro. Roca está imputado por un presunto delito de tráfico de influencias en esta causa, surgida tras la denuncia de una comunidad de propietarios contra el hotel, propiedad de la promotora Aifos, y que presenta un exceso de edificabilidad de más de 8.000 metros.
El abogado de Juan...
El ex asesor de urbanismo y supuesto cerebro de la red de corrupción desarticulada en Marbella, Juan Antonio Roca, rechazó ayer que interviniera en la aprobación del convenio de edificación del hotel de cinco estrellas Guadalpín, ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de Marbella, Miguel Ángel Navarro. Roca está imputado por un presunto delito de tráfico de influencias en esta causa, surgida tras la denuncia de una comunidad de propietarios contra el hotel, propiedad de la promotora Aifos, y que presenta un exceso de edificabilidad de más de 8.000 metros.
El abogado de Juan Antonio Roca, José Aníbal Álvarez, explicó ayer que la declaración del ex asesor ante el juez duró sólo una hora y destacó que todos los testigos e imputados negaron que participara en la firma de dicho convenio. "Todos los que han pasado por el juzgado lo han confirmado, porque esto se aprobó por decreto y él no tenía nada que ver", señaló Álvarez.
El Ayuntamiento firmó el convenio con Aifos en mayo de 2002, mientras era alcalde Julián Muñoz, que también está imputado en esta causa. Asimismo, están imputadas la ex asesora del departamento jurídico de Urbanismo, Raquel Escobar, y la ex coordinadora de la asesoría jurídica, María Castañón, que declararon ante el juez el pasado miércoles.
Una de ellas reconoció ante el magistrado que cuando se firmó el decreto de primera licencia del hotel Guadalpín, el actual jefe del servicio jurídico administrativo de Urbanismo, Jorge González, conocía que había informes técnicos que advertían de la posible ilegalidad. Así, la defensa de los imputados pedirán próximamente que González vuelva a declarar, pero esta vez como imputado, ya que pudo existir dejación de funciones al no denunciar los hechos puesto que además de ser jefe de la asesoría, González era abogado y funcionario de carrera, según informó ayer Efe.
Fue precisamente en una toma de declaración por este asunto a González, el pasado mes de octubre, en la que éste informó al juez Miguel Ángel Torres de las irregularidades en la concesión de licencias municipales. Esta declaración desencadenó el origen de la operación Malaya que ha desarticulado la red de corrupción instalada en el consistorio marbellí.
Irregularidades
El hotel Guadalpín es un clásico establecimiento hotelero de Marbella que Aifos compró para someterlo a una profunda reforma. El edificio cuenta con 15.943 metros cuadrados, cuando debía tener 7.820 metros cuadrados. También hay un exceso de ocupación de suelo de 280 metros cuadrados y un incumplimiento de los linderos establecidos. El Ayuntamiento abrió expediente sancionador en marzo de 2002 al hotel porque las obras no se ajustaban a la licencia otorgada, y aquel año se ordenó por decreto de alcaldía el precinto de las mismas, aunque se levantó un mes después por el mismo procedimiento. El expediente sancionador tardó cuatro años en tramitarse y aún no se ha resuelto.
El presidente de Aifos, Jesús Ruiz; el director general, Jenaro Briales; y el director financiero, José Andrés León, se encuentran en libertad bajo fianza imputados en el caso Malaya. Según la Fiscalía Anticorrupción, esta inmobiliaria, que es la tercera empresa malagueña con más facturación económica, pudo pagar unos cuatro millones de euros en comisiones ilegales a Roca.
El ex asesor de Urbanismo fue detenido el pasado 29 de marzo por el caso Malaya, e ingresó dos días después en la prisión provincial de Málaga, donde permaneció hasta el pasado 6 de octubre cuando fue trasladado a la cárcel de Albolote (Granada), prisión en la que permanece desde entonces internado en prisión preventiva.