Condenado por prevaricador

Corren tiempos en los que el delito de prevaricación va asociado al urbanismo y apenas si es ya noticia, por su abundancia, que un concejal, alcalde o cargos de más tronío sean condenados por una trapacería de éste género. Muy otra cosa es, en cambio, que lo sean por haber amparado la contaminación acústica, el vulgar ruido, esa otra degradación que atormenta a muchos vecindarios sin que las autoridades revelen por lo general otra cosa que su complicidad o impotencia ante un fenómeno que, como pocos, es un triste exponente de nuestro grado de desarrollo y civismo. Los legisladores y jueces, po...

Corren tiempos en los que el delito de prevaricación va asociado al urbanismo y apenas si es ya noticia, por su abundancia, que un concejal, alcalde o cargos de más tronío sean condenados por una trapacería de éste género. Muy otra cosa es, en cambio, que lo sean por haber amparado la contaminación acústica, el vulgar ruido, esa otra degradación que atormenta a muchos vecindarios sin que las autoridades revelen por lo general otra cosa que su complicidad o impotencia ante un fenómeno que, como pocos, es un triste exponente de nuestro grado de desarrollo y civismo. Los legisladores y jueces, por su parte y en este capítulo, tampoco es que hayan demostrado por ahora más sensibilidad, hasta el punto de hacernos sospechar que casi todos arrostran problemas auditivos o viven en un mundo insonorizado.

De ahí el júbilo con que debamos recibir la sentencia del Tribunal Supremo mediante la que se condena en firme por prevaricación al alcalde popular de Villa-real. Casi lo de menos es la pena de año y medio de prisión y ocho de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos que se ha fallado por haberse llamado a andana ante las reiteradas denuncias de unos vecinos agredidos desde 1991 por los ruidos de una industria. A nosotros nos parece una resolución benigna contra el criterio partidista de quien la considera "desproporcionada". Hay que ponerse en el lugar de esos denunciantes, torturados año tras año debido a una ilegalidad encubierta por quien, como edil presuntamente imparcial, habría de enmendarla después de una fácil verificación.

En cambio, les ha obligado a pleitear con el afortunado y raro desenlace anotado, pues no hay mucha jurisprudencia al respecto en este país, e incluso buena parte de la que hay no anima a meterse en fandangos legales. Por lo general, las víctimas de esta agresión ambiental se resignan, se blindan como pueden, asumen la neurosis o -si pueden- se largan con su derrota a otra parte. Y ello a pesar de la abundante legislación al respecto desde la ley autonómica de Actividades Calificadas 1988, las advertencias de severas multas y otras medidas contra las emisiones de ruidos de toda laya. Mera farfolla. Hoy por hoy, en el contencioso entre los sufridos vecinos y los agentes contaminantes llevan éstos las de ganar si no se tiene arrestos y dinero para agotar los recursos, como es el caso que glosamos, o incluso apelar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como dos años atrás lo fue el de una residente del entorno de la plaza Xúquer, de Valencia, agobiada por los pubs de la zona o sus clientes, y después de haber transitado todo el calvario procesal en España.

Quizá estemos tan solo ante una victoria pírrica, pero sin duda alentadora para cuantos desean formas de vida respetuosas con la intimidad y parangonables con las sociedades más civilizadas en las que el ruido se sanciona, además de constituir una muestra de incultura. Por desgracia, el PP valenciano no parece que esté por la labor, a la vista del movimiento de solidaridad que se ha suscitado en torno al munícipe aludido y condenado. Ya comprendemos que se trata de un gesto partidario, pues el reo es de su cuerda, pero ni aquel resulta edificante ni éste ejemplar, por más que se le haya descrito como "persona íntegra y cristalina". Así será a juicio del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, pero la sentencia es firme y la prevaricación ha sido dilatada.

Más imprudente a este respecto ha sido a nuestro entender Alfonso Rus, otro presidente provincial, pero del PP de Valencia. Este incluso ha cuestionado la imparcialidad del magistrado ponente que ha enviado a chirona -sin llegar a entrar en ella- a su compañero de filas, con lo cual no hace otra cosa que seguir el argumentario del partido que aparentemente alecciona para darle caña a los jueces debido a la cantidad de empapelados de esta filiación que esperan ser juzgados. De momento, y por prevaricar, ya ha sido condenado uno de ellos, lo que se ha traducido en renovadas reticencias o descarados ataques al poder judicial. Cruces nos haremos cuando empiecen a calentar banquillo los presuntos prevaricadores y cofrades de esa otra contaminación no menos ruidosa que es la urbanística.