Proporcionalidad

Un juez de Almería ha desestimado el cierre de un centro comercial de Roquetas de Mar a pesar de que una sentencia del TSJA declaró nula la licencia de apertura que le dio el Ayuntamiento. El juez, para rechazar la medida, ha aplicado lo que en derecho se denomina principio de proporcionalidad. Dice el auto que atender esta petición de cierre supondría un "sacrificio inútil e innecesario de riqueza, con un inconmensurable coste social". El magistrado considera que no hay proporción lógica en la reclamación de cierre por parte de la Junta, ya que quitando el cartel de "abierto" del centro comer...

Un juez de Almería ha desestimado el cierre de un centro comercial de Roquetas de Mar a pesar de que una sentencia del TSJA declaró nula la licencia de apertura que le dio el Ayuntamiento. El juez, para rechazar la medida, ha aplicado lo que en derecho se denomina principio de proporcionalidad. Dice el auto que atender esta petición de cierre supondría un "sacrificio inútil e innecesario de riqueza, con un inconmensurable coste social". El magistrado considera que no hay proporción lógica en la reclamación de cierre por parte de la Junta, ya que quitando el cartel de "abierto" del centro comercial aparecería el cártel de "cerrado" en 135 negocios con 4.000 trabajadores.

Lo más llamativo de la sentencia es que el magistrado, Jesús Rivera, dice que fue él mismo quién anuló la licencia de este centro comercial en el año 2002, cuando era aún un proyecto inacabado. En cambio, cuando el pasado mes de octubre -cuatro años después- el TSJA ha ratificado su decisión, esta gran superficie comercial no es que hubiera sido ya levantada, es que se encontraba a pleno rendimiento. Por el principio de proporcionalidad se dice que las magnitudes están relacionadas de tal manera que si el valor de la una se multiplica por un número, el de la otra queda multiplicada por el mismo número. Aplicando la proporcionalidad, por cada mes que tardó el TSJA en ratificar la sentencia se levantó una pared del centro comercial.

El problema actual del urbanismo es que no hay principio de proporcionalidad. Las magnitudes que deberían estar relacionadas, las licencias ilegales y las sentencias que paralizan las obras, no se multiplican por el mismo número. Hay muchos más ladrillos que sentencias. Y además aparece otro condicionante: la magnitud temporal, cuya rapidez es inversamente proporcional en los jueces que en los constructores. Esto provoca que el cemento fragüe siempre más rápido que las decisiones judiciales. A las viviendas irregulares de Marbella les ocurre proporcionalmente tres cuartos de lo mismo. Mientras los magistrados dictaban sentencias contradictorias y sin ponerse de acuerdo en que el único PGOU vigente en la localidad era el del año 1986, los ladrillos seguían su camino ascendente, las notarias se iban llenando de escrituras antes que de jurisprudencia y las arcas públicas de ingresos por impuestos. No hubo manera de lograr el principio de proporcionalidad. Las magnitudes no estaban relacionadas: por cada año que se tardaba en declarar ilegal una licencia eran siete las plantas que se levantaban de un edificio.

Si la justicia se decanta por proseguir en Marbella con el dichoso principio de proporcionalidad, el debate sobre si tiene o no que haber demoliciones amenaza con durar menos que un suelo por clasificar en primera línea de playa. Y con ello, las 30.000 viviendas ilegales estarán más años en pie que las pirámides de Egipto. De momento ya se ha buscado una fórmula para reducir la proporción de la proporcionalidad. El PGOU que la Junta prepara para Marbella blanquea el 85% de los pisos negros levantadas ilegalmente en este municipio. La administración andaluza ya ha anunciado que hay 25.000 casas que están bien donde están, y que sólo están afectadas por la magnitud temporal. Los gobiernos del GIL, además de integrados por un puñado de delincuentes cada días menos presuntos y más delincuentes, lo formaron un grupo de visionarios, y levantaron las viviendas en unos terrenos 12 años antes de que la Junta dijera que se podía construir allí. Con el nuevo PGOU se va a lograr reducir la proporción del problema que quedará afectado por el principio de proporcionalidad. Serán sólo las 5.000 viviendas levantadas en zonas verdes, en terrenos destinados a equipamientos o incluso un edificio levantado en mitad de una calle.

Quedamos expectantes, ya que los ciudadanos también tenemos derecho a pensar que la credibilidad de las administraciones y de la Justicia será proporcional al número de viviendas demolidas. Y de momento, no parece que haya mucha proporción entre los desmanes urbanísticos cometidos y el hecho de que la única casa derribada en Málaga haya sido un inmueble de 35 metros cuadrados en Cártama.