Clos critica al Supremo por intervenir en política al anular el traslado de la CMT

El Gobierno y sus socios políticos en Cataluña coincidieron ayer en criticar duramente al Tribunal Supremo por entender que los jueces no deben intervenir en asuntos políticos como el traslado de la sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) de Madrid a Barcelona anulada por el alto tribunal. Mientras, la Comunidad de Madrid, que presentó el recurso, va a exigir que la sede del regulador se instale de nuevo en la capital. El Gobierno ya está preparando una nueva norma legal para cumplir con el fallo judicial y que la sede continúe en Barcelona.

Otra vez el Gobierno ...

El Gobierno y sus socios políticos en Cataluña coincidieron ayer en criticar duramente al Tribunal Supremo por entender que los jueces no deben intervenir en asuntos políticos como el traslado de la sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) de Madrid a Barcelona anulada por el alto tribunal. Mientras, la Comunidad de Madrid, que presentó el recurso, va a exigir que la sede del regulador se instale de nuevo en la capital. El Gobierno ya está preparando una nueva norma legal para cumplir con el fallo judicial y que la sede continúe en Barcelona.

Otra vez el Gobierno anda a la greña con los jueces. Esta vez porque considera que el poder judicial no debe inmiscuirse en asuntos que considera estrictamente políticos como la localización de los organismos del Estado. El Gobierno, y también sus aliados políticos en Cataluña, consideran una injerencia la sentencia del Tribunal Supremo que anula el real decreto de 30 de diciembre que ordenaba el traslado de la sede de la CMT de Madrid a Barcelona.

Ese traslado fue una decisión adoptada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el de la Generalitat de Cataluña, Pasqual Maragall, en 2004, en el marco de su política de descentralización de las instituciones del Estado. La Comunidad de Madrid y un amplio grupo de trabajadores de la CMT recurrieron en marzo de 2005 el real decreto que ordenaba el traslado, y el Supremo les ha dado la razón.

El ministro de Industria, Joan Clos, que era alcalde de Barcelona cuando el Gobierno tomó la decisión, encabezó ayer las protestas contra el Supremo. "No creo que convenga que los tribunales entren en las decisiones de cariz político, corresponde al Ejecutivo establecer dónde se instalan las instituciones que dependen o están relacionadas con él", aseveró Clos en los pasillos del Senado. Clos insistió en que, a pesar de la decisión del alto tribunal, el cambio de sede de Madrid a Barcelona es "irreversible".

Una opinión contraria a la que tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, para la que el fallo judicial demuestra que el traslado obedeció a motivos "políticos y no económicos". Aguirre instó al Gobierno a "meditar" las consecuencias de la sentencia y a "devolver la Comisión a Madrid o elaborar un nuevo decreto".

La sentencia ha levantado ampollas en los socios del PSOE en Cataluña (PSC, ERC e IU-ICV), que la próxima semana formarán un nuevo Gobierno tripartito en esta comunidad presidido por José Montilla, precisamente el ministro bajo cuyo mandato se decidió el traslado. Los tres partidos catalanes de la llamada Entesa se esforzaron ayer en relativizar el alcance de la decisión del Supremo. "Sólo pide una mayor motivación" que justifique el traslado, apuntó el portavoz del Ejecutivo catalán en funciones, Joaquim Nadal, que dio la vuelta al fallo judicial para asegurar que ésta "ratifica" el derecho del Gobierno a elegir dónde ubicar sus organismos adscritos.

Pero no ahorraron críticas a los jueces. El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Parlament, Joan Ridao, calificó de "lamentable" la resolución del Supremo por entender que demuestra una "politización de los tribunales", y un intento de hacer fracasar la "tímida" voluntad del Gobierno de descentralizar la Administración del Estado. "Mucho nos tememos que nos encontramos ante un nuevo episodio que evidencia la dependencia política de la justicia española, en la cúpula de la cual aún hay una mayoría que actúa bajo los dictados del PP", añadió Ridao.

Por su parte, IU-ICV, manifestó en un comunicado su "profundo desacuerdo" con la decisión del Supremo, que "obedece más a una política centralista y derechista que a un problema de forma".

Tanto el ministro de Industria como el de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, coincidieron en afirmar que el Supremo ha anulado el decreto por un defecto de forma y que lo resolverán con una modificación normativa. Sevilla no fue preciso en los plazos, e indicó que el nuevo decreto que aprobará el Gobierno "estará este viernes, el siguiente o cuando pueda estar".

El asunto también fue considerado como un mero problema formal por el propio presidente de la CMT, Reinaldo Rodríguez, que ejecutó el traslado tras la dimisión de su antecesor en el cargo, Carlos Bustelo. Éste calificó el traslado de "deportación".

El episodio ha sido aprovechado por las distintas fuerzas políticas de la oposición. Mientras el PP acusa al Gobierno Zapatero de "intervencionismo", la oposición catalana, CiU y el PP de Cataluña -ambos partidarios de la descentralización- descargaron sus críticas sobre Montilla, por su "rotundo fracaso como gestor", en palabras de Josep Antoni Duran i Lleida, y por su "falta de rigor y su improvisación", en palabras de Josep Piqué.