El TSJ estudia cómo extender la 'doctrina Parcent' contra el urbanismo insostenible
La Sala de lo Contencioso-Administrativo inicia un debate interno tras paralizar un PAI
La suspensión cautelar de un plan urbanístico que triplicaría la población de Parcent puede abrir el camino a nuevas resoluciones judiciales contrarias al crecimiento desbocado y sin planificación adecuada de los municipios. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha iniciado tras ese auto de paralización un debate interno para buscar vías dentro de la legislación que impidan desarrollos desmedidos. La urbanización de millones de metros cuadrados de suelo al margen de los planes generales no es compatible con un desarrollo sostenible, advierte el TSJ en...
La suspensión cautelar de un plan urbanístico que triplicaría la población de Parcent puede abrir el camino a nuevas resoluciones judiciales contrarias al crecimiento desbocado y sin planificación adecuada de los municipios. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha iniciado tras ese auto de paralización un debate interno para buscar vías dentro de la legislación que impidan desarrollos desmedidos. La urbanización de millones de metros cuadrados de suelo al margen de los planes generales no es compatible con un desarrollo sostenible, advierte el TSJ en el caso de Parcent.
La reflexión de los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ valenciano se centra en encajar con la legislación urbanística la posibilidad de impedir actuaciones que duplican o triplican de golpe el censo de un municipio, según publicó ayer Cinco Días. El presidente de la Sala, Edilberto Narbón, se muestra crítico con los planes urbanísticos que "rompen y desvirtúan el esquema de ciudad, lo que puede ir en contra de los principios generales que inspiran la ley".
Frente a un crecimiento "poco a poco", a un ritmo que pueda asimilar una población con los servicios e infraestructuras necesarias, son ya muchos los planes que desequilibran un desarrollo sostenible al multiplicar los censos con una sola actuación urbanística. "Lo que se está creando es prácticamente un pueblo nuevo, y ¿qué queda del primero?", incide el magistrado en la información del diario económico.
El Tribunal Superior de Justicia no es ajeno al debate social y político en torno al boom urbanístico de la última década, que ha llenado las oficinas de la Unión Europea de quejas y ha desembocado en una dura censura de las autoridades comunitarias a las legislación valenciana. Así lo puso de manifiesto en el auto que suspendió recientemente de forma cautelar un programa de actuación urbanística (PAI) en Parcent que pretendía construir 1.500 casas cuando la localidad no supera el millar -censados incluso sólo son 500 los vecinos-. La resolución sin precedentes de la Sección Primera de la Sala, que también preside Edilberto Narbón y de la que fue ponente el magistrado Carlos Altarriba, advierte de que un PAI no es el instrumento adecuado para un desarrollo de esa envergadura, que a juicio del tribunal requiere una planificación "que pondere las necesidades integrales del municipio, y su sostenible desarrollo".
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ pretende ahora profundizar en esa doctrina del caso Parcent, lo que implicaría "un cambio notable" en el urbanismo valenciano, admite Narbón. La advertencia contra la vorágine urbanística destaca en una resolución que paraliza ese PAI aprobado por el Ayuntamiento de Parcent por incumplir la obligación de avisar a los afectados por la actuación y dar vía libre al proyecto con un informe en contra del Consell Jurídic Consultiu y sin dictamen que avale la disponibilidad de agua.
Obras sin licencia en Nules
La Consejería de Territorio y Vivienda ha abierto 12 expedientes sancionadores por actuaciones presuntamente ilegales en el marjal de Nules. Según fuentes de la consejería, cuatro afectan a construcciones en el espacio natural protegido -dos casas, una valla y un muro-, y los ocho restantes investigan casos de aterramiento del marjal de Nules. Todas estas actuaciones ilegales, si así lo determina finalmente el expediente, implicarán una sanción económica y la obligación de restaurar el ecosistema dañado por las obras. En ese caso, los responsables de levantar casas en el humedal protegido deberán derribarlas, al igual que vallas y muros construidos sin ningún tipo de autorización.
Los grupos ecologistas han denunciado reiteradamente la proliferación de viviendas ilegales en el entorno del marjal, incluido en el catálogo de humedales protegidos de la Generalitat tras una considerable reducción de su superficie original.