Lo primero y lo segundo
MIQUEL ALBEROLA
Una de las principales pedagogías que ha aportado el PP a la cultura contemporánea es que los intereses generales y la valencianía son dos fenómenos divergentes y siempre incompatibles. Desde esa convicción intelectual, lo primero pertenece al ámbito de lo estadístico y lo administrativo, mientras que lo segundo es sustantivo en tanto que particular y, por consiguiente, generalizable y colectivo. En ese tono, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, acaba de sacrificar lo primero por lo segundo en el convenio de recalificación de Mestalla, una operación que, aunque perjud...
MIQUEL ALBEROLA
Una de las principales pedagogías que ha aportado el PP a la cultura contemporánea es que los intereses generales y la valencianía son dos fenómenos divergentes y siempre incompatibles. Desde esa convicción intelectual, lo primero pertenece al ámbito de lo estadístico y lo administrativo, mientras que lo segundo es sustantivo en tanto que particular y, por consiguiente, generalizable y colectivo. En ese tono, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, acaba de sacrificar lo primero por lo segundo en el convenio de recalificación de Mestalla, una operación que, aunque perjudica los intereses de los ciudadanos y beneficia a una sociedad anónima más allá de lo que la ley permitiría a cualquier vecino, se inviste como una gesta estratégica cuya trascendencia sitúa a los defensores de la legalidad en el disparadero patriótico. La misma preceptiva se le acaba de aplicar a la declaración de impacto ambiental que el puerto de Valencia espera para acometer la ampliación de sus instalaciones. El Ministerio de Medio Ambiente, en vez de defender los intereses generales de los ciudadanos evaluando minuciosamente las repercusiones que una obra de esa envergadura pudiera tener sobre Valencia y su entorno, y tratar así de corregirlos y evitarlos, debería haberse saltado los pasos habituales (y sobre todo las complejas exigencias medioambientales surgidas después del año 2000, cuando le fue concedida la declaración a Barcelona), para acoplar el documento a las necesidades de la Autoridad Portuaria, que lo necesita inmediatamente. Porque cumpliendo las exigencias y los trámites de la ley, el Gobierno está perjudicando las expectativas del puerto, que es (aunque cree menos empleos directos que el decaído textil) el epítome de la economía valenciana, y en consecuencia, está discriminando a la Comunidad Valenciana. En esa tesitura, en el ámbito de la legalidad apenas hay espacio para traidores, renegados y antivalencianos. Ese mismo paradigma ha planeado en muchos conflictos suscitados en este tiempo en el territorio por la aceleración urbanística, en los que los intereses generales han sido triturados por las aspas de una supuesta riqueza colectiva que, sobre todo, ha sido suculenta en beneficios particulares. Los intereses generales y lo que le interesa a la Comunidad Valenciana son dos piezas de complicado encaje, y para dirimir esa contradicción se creó la patria, un manto oscuro para, al margen de lo normativo, solventar lo imperativo. Es decir, un burladero donde lo segundo sea lo primero.