Un técnico ratifica ante el juez su informe contra los aparcamientos de Ortiz
El juez inicia la instrucción de la denuncia del fiscal a Alperi por trato de favor al empresario
Un técnico del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante ratificó ayer ante el juez su informe contrario a modificar las condiciones del contrato de adjudicación de tres aparcamientos subterráneos al promotor local Enrique Ortiz. El magistrado, que interrogó al funcionario en calidad de testigo, inició de esta forma la instrucción de la denuncia de la Fiscalía contra el alcalde, Luis Díaz Alperi, del PP, por supuesto trato de favor al empresario.
El titular del Juzgado número 8 de Alicante abrió las diligencias del caso con el interrogatorio al ingeniero de Caminos Lázaro L...
Un técnico del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante ratificó ayer ante el juez su informe contrario a modificar las condiciones del contrato de adjudicación de tres aparcamientos subterráneos al promotor local Enrique Ortiz. El magistrado, que interrogó al funcionario en calidad de testigo, inició de esta forma la instrucción de la denuncia de la Fiscalía contra el alcalde, Luis Díaz Alperi, del PP, por supuesto trato de favor al empresario.
El titular del Juzgado número 8 de Alicante abrió las diligencias del caso con el interrogatorio al ingeniero de Caminos Lázaro López, adscrito a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento. Este funcionario y otro ingeniero municipal informaron en contra de la propuesta del empresario Enrique Ortiz de modificar al alza -tanto en el presupuesto como en el plazo de explotación- la adjudicación inicial por parte del pleno del Ayuntamiento de tres aparcamientos subterráneos. Ante la oposición, de los funcionarios de ese departamento municipal, el alcalde trasladó el expediente al negociado de Tráfico, cuyo jefe, el funcionario Antonio Escobedo Moya, sí informó a favor de la propuesta del empresario.
El fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, remitió el 22 de agosto pasado al juzgado su escrito de conclusiones de las diligencias practicadas acerca del supuesto trato de favor del Ayuntamiento al promotor. Briones inició la investigación a raíz de una denuncia presentada por el partido Vecinos por Alicante.
En su escrito, Briones apreció que los hechos son constitutivos de los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. El fiscal concluyó que la modificación del contrato causó al Ayuntamiento un quebranto económico de al menos 2,2 millones de euros.
El juez, en su auto de admisión de la denuncia, imputó a los cinco denunciados por el fiscal (el alcalde, la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, el edil de Tráfico, Luis Concepción, el funcionario Antonio Escobedo y Enrique Ortiz). El magistrado completará las diligencias previas a la declaración de los imputados con interrogatorios a tres funcionarios del departamento de Urbanismo. Díaz Alperi ha sido citado para el 15 de diciembre.