Una gran decepción
Asociaciones de rumanos y búlgaros coincidían ayer en afirmar la "gran decepción" que supone la moratoria que retrasará su incorporación al mercado laboral, anunciada ayer por el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos.
"El temor de que vaya a producirse una llegada masiva de inmigrantes es injustificada", señala Gelu Vlasin, portavoz de la Federación de Asociaciones de Rumanos en España (Fedrom). "Si tenemos derecho a votar, debemos tener derecho a trabajar con las mismas condiciones que el resto de ciudadanos comunitarios desde el principio".
Tihomi...
Asociaciones de rumanos y búlgaros coincidían ayer en afirmar la "gran decepción" que supone la moratoria que retrasará su incorporación al mercado laboral, anunciada ayer por el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos.
"El temor de que vaya a producirse una llegada masiva de inmigrantes es injustificada", señala Gelu Vlasin, portavoz de la Federación de Asociaciones de Rumanos en España (Fedrom). "Si tenemos derecho a votar, debemos tener derecho a trabajar con las mismas condiciones que el resto de ciudadanos comunitarios desde el principio".
Tihomir Nikolov, secretario de la Asociación de Inmigrantes Búlgaros en España Balcan (Aibe Balcan) explica que en su comunidad la decisión del Gobierno se considera "muy desafortunada, porque lo único que se va a conseguir es fomentar las mafias que se dedican al tráfico de personas".
El portavoz de Fedrom se muestra de acuerdo: "Esperamos que el Gobierno recapacite y que ésta no sea su decisión definitiva, porque quitarán la ilusión de normalizar su situación a cientos de miles de rumanos que ya están en España empadronados y trabajando en situación irregular".
Ésta es la primera ampliación de la UE en la que entrarán países para los que el destino preferente de emigración es España. El número de búlgaros con tarjeta de residencia asciende a 55.000, y el de rumanos se eleva hasta los 189.000. Mientras, los inscritos en el padrón que podrían ser irregulares ascienden a 110.000 y 193.000, respectivamente.
Para Tihomir, el secretario de Aibe Balcan, esto supone que gran cantidad de mano de obra será desaprovechada. "De no haberse tomado esta decisión el Gobierno podría haber tomado las riendas de una inmigración que puede ayudar a levantar económicamente España".