Simancas impone un código ético a los alcaldes del PSOE en Madrid
Los 60 alcaldes que el Partido Socialista de Madrid (PSM) tiene en la región se comprometieron ayer por escrito a cumplir un código ético urbanístico que, en caso de no ser acatado, implicará la expulsión del partido.
Tras una reunión con la directiva de su partido, cuyo secretario general es Rafael Simancas, los regidores anunciaron que han aceptado someterse al final de su mandato a una auditoría que valore el grado de cumplimiento del plan general de su municipio y a revelar los bienes de los cargos públicos, para garantizar que no haya enriquecimientos "inexplicables".
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Los 60 alcaldes que el Partido Socialista de Madrid (PSM) tiene en la región se comprometieron ayer por escrito a cumplir un código ético urbanístico que, en caso de no ser acatado, implicará la expulsión del partido.
Tras una reunión con la directiva de su partido, cuyo secretario general es Rafael Simancas, los regidores anunciaron que han aceptado someterse al final de su mandato a una auditoría que valore el grado de cumplimiento del plan general de su municipio y a revelar los bienes de los cargos públicos, para garantizar que no haya enriquecimientos "inexplicables".
El compromiso comienza "desde mañana [por hoy]", explicó la alcaldesa de Velilla de San Antonio, Dolores Agudo. Junto a las medidas de carácter urbanístico, los alcaldes socialistas incluyeron un compromiso político: "No apoyar desarrollos urbanos sin que en éstos se garantice, por parte de sus promotores, tanto una oferta adecuada de vivienda protegida, como la satisfacción de los servicios básicos". Es decir, accesos por carretera y de transporte público, abastecimiento y depuración de agua, tratamiento de residuos, conexión a la red eléctrica y comunicaciones y equipamientos públicos.
Incompatibilidades
El código consta de cuatro compromisos éticos que, además de los dos mencionados, incluyen "actuar con firmeza y rigor en todo lo referente al régimen de incompatibilidades" y la promesa de que los alcaldes y cargos públicos que tengan responsabilidades en materia de urbanismo no participarán, ni siquiera a través de acciones, "en empresas vinculadas al urbanismo o al sector inmobiliario que actúen o hayan actuado en el ámbito territorial para el que fueron elegidos".
Los regidores madrileños se desmarcan así de situaciones que son éticamente reprobables aunque no sean ilegales, como cuando en septiembre de 2005 el entonces edil delegado de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Sigfrido Herráez, abandonó su cargo para ocupar la vicepresidencia del grupo inmobiliario Rayet, con negocios en la capital.
Además, el documento hecho público ayer reclama cinco medidas urgentes "para un desarrollo urbanístico sostenible, racional y equilibrado". La primera reclama la elaboración, junto con los municipios y agentes sociales, de un Plan Regional de Estrategia Territorial, que el PSM ya ha llevado en repetidas ocasiones a la Asamblea regional. En él, quedarían fijados los usos del suelo, con "criterios de solidaridad y compatibilidad municipal", así como ecológicos.
También exigen los regidores socialistas al Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Esperanza Aguirre (PP), que asuma sus competencias en materia de planeamiento urbanístico, que saque adelante la Ley del Suelo que el PP prometió en la campaña electoral, y que reafirme "la función pública del planeamiento urbanístico".