Sobre el sucesor de Maragall
Hoy la campaña toca a su fin. Con seguridad, la suerte de los candidatos ya está echada y lo que hagan y digan estas últimas horas de frenética actividad en poco o en nada va a modificar las preferencias de los electores. En verdad, y si hacemos caso de las encuestas que desde el verano se han ido generando, no es evidente que el esfuerzo propagandístico de los partidos en estas últimas semanas haya modificado significativamente las tendencias de voto detectadas meses atrás.
Estando así las cosas podemos aventurarnos a afirmar que la auténtica partida de estas elecciones se va a desarro...
Hoy la campaña toca a su fin. Con seguridad, la suerte de los candidatos ya está echada y lo que hagan y digan estas últimas horas de frenética actividad en poco o en nada va a modificar las preferencias de los electores. En verdad, y si hacemos caso de las encuestas que desde el verano se han ido generando, no es evidente que el esfuerzo propagandístico de los partidos en estas últimas semanas haya modificado significativamente las tendencias de voto detectadas meses atrás.
Estando así las cosas podemos aventurarnos a afirmar que la auténtica partida de estas elecciones se va a desarrollar a partir de las 20.00 horas del próximo miércoles 1 de noviembre, una vez los colegios electorales cierren las puertas. Como ya ocurrió en 2003, las posibles coaliciones para formar Gobierno y los contactos entre los distintos partidos con representación parlamentaria, será en ausencia de una mayoría absoluta o suficiente para gobernar con pactos concretos, lo que acabará determinando quién será el sucesor de Pasqual Maragall y qué partidos ocuparán responsabilidades en el Ejecutivo catalán.
La única condición que impone nuestro sistema político para formar Gobierno es que el candidato a presidente reciba, en última instancia, más apoyos parlamentarios a favor que rechazos de sus señorías. Es decir, si nadie dispone de 68 diputados de entrada, lo imprescindible es que quien aspire a presidir la Generalitat construya alianzas parlamentarias para llegar a la cifra de 68 escaños, cifra que, de acuerdo con el tamaño del Parlamento catalán (135 escaños), es la que separa la mayoría absoluta de la relativa. Si a pesar de las alianzas el presidenciable no obtiene esa mayoría absoluta, la alternativa es que en votaciones posteriores los que le apoyen activamente (con su voto afirmativo) y pasivamente (con su abstención) sean más que los que le rechacen (con su voto negativo).
Estas son las reglas del sistema parlamentario, y cualquier resultado que en ese juego de alianzas se produzca será legítimo y legal, por igual y sin ningún margen de duda. Quienes intenten deslegitimar con sus advertencias y gestos el futuro Gobierno de Cataluña simplemente porque ellos no lo presidan o simplemente no ocupen ninguna cartera, no sólo cometerán una grave irresponsabilidad, sino que serán ellos los que se situarán al margen de la legalidad. Ellos serán -si esta actuación ocurre- los que asumirán el riesgo y los costes de la ilegitimidad social por no aceptar las reglas de juego democrático que rigen en Cataluña.
Nuestro país, Cataluña, no aspira a copiar los aspectos más desechables del juego político con actuaciones como las acaecidas en México en las últimas elecciones. Sin menospreciar las instituciones ni la democracia mexicanas, yo prefiero Suecia, donde por cierto el partido que ganó las elecciones quedó lejos de la mayoría absoluta y vio como una coalición de otros partidos lo situaba en la oposición. ¿Es el Gobierno de Suecia un Gobierno ilegitimo? En absoluto, como no lo son tampoco ni el Gobierno de Galicia -coalición de partidos que desbancó al PP de la presidencia de la Xunta a pesar de que éste quedó sólo a un escaño de la mayoría absoluta- ni ningún gobierno nacido de la voluntad mayoritaria de un parlamento democrático.
Sería un buen ejercicio de responsabilidad democrática que todos los candidatos a las elecciones del próximo día 1 de noviembre, dijesen en estas últimas horas de campaña electoral o incluso en el día de reflexión, que aceptará, sin cuestionar la legitimidad del futuro Gobierno, la decisión que tome el Parlament de Catalunya en la sesión de investidura del sucesor de Pasqual Maragall. Esa declaración tranquilizaría a los electores y permitiría eliminar cualquier atisbo de dudas sobre la calidad democrática de nuestros líderes políticos.
Los pactos para configurar el próximo Gobierno en Cataluña deben realizarse sobre la seguridad de que los que pactan lo hacen no sólo con plena libertad de movimiento, sino también con la seguridad que nadie va a intentar socavar la legitimidad del próximo Gobierno en función de quién está y quién no está en el mismo. Sólo desde esta situación cada uno podrá dar cuenta ante los ciudadanos del porqué de su elección. En la medida que la posibilidad de pactos para formar Gobierno responderá a una realidad de geometría variable, es decir, que las posibilidades de pactos serán múltiples (PSC, ERC e ICV, por un lado; CiU y PSC, por otro; CiU y ERC también...) será imprescindible que posteriormente cada uno de los protagonistas esté en condiciones de dar cuentas de su decisión. De la misma manera que Carod y ERC dieron explicaciones amplias y sólidas de por qué pudiendo en 2003 formar un Gobierno nacionalista junto a CiU, optaron por el Gobierno de Maragall.
La distancia entre CiU y el PSC puede ser importante y superar la docena de diputados, cuando hoy es de cuatro. Pero de la misma manera que esa diferencia no otorga a CiU el derecho a ejercer la presidencia de la Generalitat para los próximos cuatro años -ese derecho se obtiene no directamente por haber ganado las elecciones, sino por disponer de la mayoría parlamentaria, como ya he razonado antes-, la derrota de Montilla ante Mas no tiene como consecuencia que Montilla renuncie a liderar junto a ERC e ICV la continuidad de un Gobierno catalanista y de progreso. Montilla tiene el próximo miércoles una prueba de fuego con el electorado. Pero a partir del día 2 de noviembre tiene una prueba más importante; demostrarse a sí mismo y a los ciudadanos de este país que para él no hay orgullo mayor que ser presidente de la Generalitat. Y que nadie ni nada -y mucho menos intereses ocultos del PSOE o del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero- impedirán que Montilla y el PSC pongan todo el empeño para lograrlo. La credibilidad del socialismo democrático catalanista está en juego a partir del día 2 de noviembre. Sería muy triste constatar que esa tradición y ese espacio ha desaparecido de nuestra realidad política.
Jordi Sánchez es politólogo.