Bruselas expedienta a España e Italia por proteger a Endesa y Autostrade

La Comisión Europea adoptó ayer dos contundentes decisiones contra las medidas proteccionistas adoptadas por España e Italia, y abrió sendos expedientes a ambos países. Bruselas entiende que dificultan la adquisición de importantes empresas por compradores extranjeros. España defiende a la eléctrica Endesa de la OPA lanzada por E.ON, e Italia protege a la compañía de autopistas Autostrade de la oferta de la española Abertis. Es relevante la situación contradictoria de España: proteccionista en el caso eléctrico alegando argumentos de seguridad nacional y liberal en el asunto de Abertis.
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La Comisión Europea adoptó ayer dos contundentes decisiones contra las medidas proteccionistas adoptadas por España e Italia, y abrió sendos expedientes a ambos países. Bruselas entiende que dificultan la adquisición de importantes empresas por compradores extranjeros. España defiende a la eléctrica Endesa de la OPA lanzada por E.ON, e Italia protege a la compañía de autopistas Autostrade de la oferta de la española Abertis. Es relevante la situación contradictoria de España: proteccionista en el caso eléctrico alegando argumentos de seguridad nacional y liberal en el asunto de Abertis.

En el caso español, Bruselas ha conminado al Gobierno para que en el plazo de cinco días retire 18 de las 19 condiciones fijadas por la Comisión Nacional de la Energía, (CNE), que suponían serias trabas a la OPA lanzada por E.ON. La Comisión considera un desaire la falta de respuesta de España durante tres semanas a un requerimiento que debía haber cumplido "de manera inmediata", según señalaron ayer fuentes comunitarias.

La decisión de la Comisión, adoptada el pasado 26 de septiembre, requirió a España a retirar "sin demora" las condiciones fijadas por la CNE, que habían sido declaradas incompatibles con el derecho comunitario. Entre esas condiciones destacaban la prohibición a E.ON de participar en la gestión de centrales nucleares y la obligación de vender los sistemas eléctricos insulares de la compañía adquirida.

Violación del Tratado

La comisaria de Competencia, Neelie Kroes, había señalado que las condiciones de la CNE suponían una violación de las normas del Tratado de la Unión, sobre "la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales".

En los dos casos, español e italiano, se trata de operaciones aprobadas por la Comisión Europea, por estimar que eran de su competencia por el volumen de negocio de las empresas afectadas y pertenecer a distintos países. La OPA de E.ON sobre Endesa fue aprobada sin condiciones el pasado 25 de abril y la de Abertis sobre Autostrade, el 22 de septiembre último. Bruselas ha dejado claro en numerosas ocasiones que, en los supuestos en que le corresponde la competencia de analizar una concentración, si un Gobierno desea intervenir por cuestiones de seguridad nacional u otros efectos económicos deben comunicarlo previamente a la Comisión.

La decisión contra España ha adoptado la forma de "carta de emplazamiento", la primera etapa del procedimiento de infracción. Si en cinco días laborables, Bruselas "no recibe una respuesta satisfactoria, la Comisión podrá decidir que se expida una solicitud oficial a España para que retire las condiciones".

Este segundo paso constituye la segunda fase del procedimiento en forma de "dictamen motivado". En el supuesto de que tampoco se produzca una respuesta satisfactoria, Bruselas enviará el expediente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo.

La respuesta del Gobierno español se realizará mediante la resolución, por parte del Ministerio de Industria, de cinco recursos presentados por otras tantas empresas contra las condiciones de la Comisión Nacional de la Energía. El plazo vence el próximo 10 de noviembre.

En el expediente de la fusión de la italiana Autostrade y Abertis, la Comisión Europea ha enviado unas conclusiones preliminares a Italia por estimar que las medidas adoptadas por Roma para vetar la fusión son "ilegales". En este asunto, los funcionarios del departamento que dirige la comisaria Neelie Kroes, estiman que tienen serias dudas de que las manifestaciones efectuadas el pasado 4 de agosto por los ministros Tommaso Padoa-Schioppa, (Finanzas) y Antonio di Pietro (Infraestructuras), sean compatibles con el derecho comunitario.

Bruselas ha dado 10 días a las autoridades de Roma para que respondan y justifiquen el veto efectuado a esta fusión. Los ministros italianos señalan que la legislación de su país impide la presencia de una constructora en el accionariado de una empresa concesionaria de autopistas para "evitar el conflicto de intereses".

Presencia de ACS

La oposición italiana está relacionada con la presencia de la constructora española ACS en el capital de Abertis, la compañía ofertante. Bruselas estimó, no obstante, que aunque se producirá un solapamiento horizontal en una sola actividad en el mercado europeo de autopistas, la presencia de otros competidores significativos "no pone en entredicho la sana competencia en el sector". Italia ya se ha mostrado dispuesta a eliminar el veto a la presencia de ACS, aunque mantiene otros obstáculos. Fuentes próximas a la operación explicaron a Reuters que está previsto que antes de finalizar el presente mes de octubre se reúnan en Roma los máximos dirigentes de las compañías y el presidente italiano para alcanzar un acuerdo cuyos términos consigan satisfacer tanto al Gobierno de centroizquierda como a las empresas.

La concentración se llevará a cabo mediante la incorporación de Autostrade en Abertis, (fusión por absorción). Abertis es el resultado de la concentración de Acesa y Aurea. Sus principales accionistas de Abertis son La Caixa (23%) y la constructora ACS (24,9%).