La Guardia Civil detecta más de 3.300 viviendas ilegales, la mayoría en zonas rurales

Una casa o una urbanización que surgen de la nada. Un día se construye una pared, otro día, otra más. Y de la noche a la mañana hay una vivienda. La lucha contra las construcciones ilegales se ha convertido en uno prioridad para la Guardia Civil, que desde enero de 2005 ha detectado 3.343 viviendas o urbanizaciones irregulares en Andalucía, la mayoría en zonas rurales. Aunque no hay un patrón fijo, los impulsores de estas edificaciones ilegales suelen tener conocimientos del sector de la construcción y utilizan las viviendas como segunda residencia, según el Instituto Armado. 673 personas han ...

Una casa o una urbanización que surgen de la nada. Un día se construye una pared, otro día, otra más. Y de la noche a la mañana hay una vivienda. La lucha contra las construcciones ilegales se ha convertido en uno prioridad para la Guardia Civil, que desde enero de 2005 ha detectado 3.343 viviendas o urbanizaciones irregulares en Andalucía, la mayoría en zonas rurales. Aunque no hay un patrón fijo, los impulsores de estas edificaciones ilegales suelen tener conocimientos del sector de la construcción y utilizan las viviendas como segunda residencia, según el Instituto Armado. 673 personas han sido detenidas o imputadas en los últimos 22 meses por asuntos relacionados con estas construcciones.

Las parcelaciones y construcciones ilegales han cobrado actualidad como consecuencia de que se ha avivado el conflicto histórico que se vive en Córdoba. En esta ciudad, se calcula que hay unas 100 urbanizaciones y más de 6.000 viviendas ilegales sólo en el término municipal de Córdoba, la mayoría en la sierra.

El Ayuntamiento cordobés, gobernado por IU, está ejecutando un plan para regularizar estas parcelaciones. El problema ha surgido en el entorno protegido de Medina Azahara, donde hay tres urbanizaciones ilegales. IU y PP han pedido en el pleno municipal que se reduzca el área de protección de este conjunto arqueológico para que en un futuro las casas puedan ser regularizadas, a lo que se opone la Junta.

Pero la situación que se vive en Córdoba es extrapolable, en mayor o menor medida, a todas las provincias andaluzas, sobre todo en Sevilla, donde el problema es más acentuado (1.400 viviendas o urbanizaciones ilegales detectadas).

Ordenación del territorio

El delegado del Gobierno, Juan José López Garzón, y el general de la IV zona de la Guardia Civil, Antonio Dichas, informaron ayer de las actuaciones del Instituto Armado contra este tipo de construcciones, que suelen constituir un delito contra la ordenación del territorio.

Desde el 1 de enero de 2005, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha detectado 3.343 viviendas o urbanizaciones (en las que hay varias viviendas) y 679 parcelaciones irregulares. En coordinación con los fiscales de Medio Ambiente, agentes especializados de la Guardia Civil han localizado en 165 municipios andaluces (de un total de 770) anomalías de este tipo. Además, se han abierto 2.083 procesos por infracciones administrativas y 315 por infracciones penales.

El objetivo de la Guardia Civil es poner freno a estas edificaciones, que se construyen en zonas en las que los planes urbanísticos de los ayuntamientos, normalmente, no contemplan viviendas. En esta labor de detección, ha sido fundamental la labor de los ayuntamientos, que cada vez con más frecuencia acuden a la Guardia Civil para comunicar la existencia de estas edificaciones, por las que han sido detenidas o imputadas 673 personas en los últimos 22 meses.

La mayoría de las construcciones ilegales han sido localizadas en municipios rurales, aunque también se han detectado casos en zonas costeras e, incluso, en la proximidad de parques protegidos como el de Doñana.

Estas construcciones llevan aparejados otros problemas como la toma irregular de luz por parte de los residentes, el expolio de acuíferos para el abastecimiento de agua o la degeneración del medio ambiente como consecuencia de la instalación de vertederos ilegales.

En algún caso, se han llegado a localizar viviendas que están en zonas que el Plan Infoca considera muy peligrosas ante la posibilidad de que surja un incendio.

Cuando se topa con una construcción ilegal, la Guardia Civil envía el caso a la Fiscalía. Una vez en manos de la justicia, las casas son precintadas y pueden llegar a ser demolidas.

"Hay una sensibilidad y una preocupación por parte de las administraciones con este tema. No hay impunidad y se va a continuar en esta línea", afirmó ayer López Garzón.