El Gobierno delega en una subcomisión el pacto de inmigración

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, logró ayer que todos los grupos parlamentarios accedieran a discutir sus diferencias sobre la política de inmigración en una subcomisión que será creada próximamente en el Congreso de los Diputados. El nuevo organismo basará sus trabajos en un documento de 25 puntos que ha sido elaborado por el Ejecutivo y que recoge la mayoría de las propuestas presentadas por todos los partidos políticos, incluida la reforma de la Ley de Extranjería.

La vicepresidenta escenificó en el Congreso el primer paso hacia el pacto de E...

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, logró ayer que todos los grupos parlamentarios accedieran a discutir sus diferencias sobre la política de inmigración en una subcomisión que será creada próximamente en el Congreso de los Diputados. El nuevo organismo basará sus trabajos en un documento de 25 puntos que ha sido elaborado por el Ejecutivo y que recoge la mayoría de las propuestas presentadas por todos los partidos políticos, incluida la reforma de la Ley de Extranjería.

La vicepresidenta escenificó en el Congreso el primer paso hacia el pacto de Estado en materia de inmigración que reclaman desde hace tiempo los agentes sociales. Fernández de la Vega recibió, uno a uno, a los portavoces de los grupos parlamentarios y les hizo entrega de un documento de 10 folios titulado Bases para una política de inmigración común.

El texto comienza recordando los efectos positivos de la inmigración en el desarrollo económico español: "Gracias a la aportación de los inmigrantes, la renta per cápita de los españoles ha aumentado un 2,6%; sin ella, habría descendido un 0,64%".

El documento establece seis objetivos, el primero de los cuales sería lograr una inmigración "legal y ordenada", idea en la que insistió una y otra vez la vicepresidenta ante sus interlocutores y ante los medios de comunicación. Los otros cinco serían: establecer mecanismos para canalizar los flujos, propiciar la plena integración de los inmigrantes, luchar contra el tráfico de seres humanos, combatir la exclusión social y asegurar una dotación presupuestaria que garantice esos objetivos.

No existe en el Congreso de los Diputados un solo grupo político que discrepe públicamente de fines tan sensatos como los que propone el Gobierno. Las diferencias se plantean respecto a la forma de alcanzarlos.

Precisamente para conjurar rechazos previos, el documento recoge medidas propuestas por todos los grupos parlamentarios, aunque muchas de ellas sean contradictorias entre sí. De este modo, ni siquiera los partidos más reticentes al acuerdo, como el PP -cuya estrategia pasa por machacar al Ejecutivo con denuncias continuas sobre su política de inmigración- o Coalición Canaria -que tendrá la inmigración en el centro del debate de las elecciones autonómicas del año próximo-, han podido eludir su participación en la subcomisión propuesta por el Gobierno y que la vicepresidenta calificó como un "gran paso" para "caminar juntos" hacia "una política común" en favor de "una inmigración legal y ordenada". De hecho, Fernández de la Vega estimó que el documento recoge el 70% de las propuestas del PP y el 90% de las de Coalición Canaria.

La vicepresidenta anunció que la subcomisión se constituirá de forma inmediata y que no se fijará un plazo concreto para concluir su tarea. La idea, dijo, es ir poniendo en práctica actuaciones a medida que vayan siendo aprobadas en la subcomisión: "Hay que escuchar e incorporar las posiciones de todos, porque es la manera razonable de construir una política común que este país necesita".

A pesar de ese talante de consenso, el Gobierno adelantará la aplicación de algunas medidas que ya tenía decididas, como la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para poder perseguir a los traficantes de inmigrantes en aguas internacionales, tal como se hace con los traficantes de drogas.

El acuerdo alcanzado ayer ha sido negociado en una serie de entrevistas mantenidas por Fernández de la Vega durante las últimas semanas con todos los grupos parlamentarios.

La vicepresidenta agradeció la "receptividad y buena disposición" con la que los grupos del Congreso, a excepción del PP -cuyo portavoz, Eduardo Zaplana, denunció que el Gobierno pretendía hacerles "cómplices" de su política-, han acogido la propuesta de la subcomisión. No obstante, subrayó que incluso el Grupo Parlamentario Popular, a pesar de las críticas, ha aceptado formar parte de la subcomisión y mostró su confianza de que en el futuro se sume a la mayoría del nuevo organismo parlamentario.